La polémica por la contaminación del embalse del Val, afectado por vertidos industriales procedentes de Ágreda y Ólvega (Soria), se ha trasladado al Congreso de los Diputados. La situación ha obligado a la Junta de Castilla y León a extremar la vigilancia y a encargar un estudio con posibles soluciones. El Ejecutivo castellanoleonés no descarta ahora construir una depuradora para frenar el problema. No obstante, el Gobierno central advierte de que los efectos sobre la calidad del agua, en la que se ha detectado una excesiva carga de fósforo, "no serán inmediatos".

Esta es parte de la respuesta que el Gobierno de Pedro Sánchez le ha dado al diputado de Ciudadanos Rodrigo Gómez, que critica la "falta de implicación y liderazgo" del Ministerio de Transición Ecológica y asegura que "está echando balones fuera a la espera de que otras administraciones resuelvan el problema, que requiere de una intervención urgente".

Para el diputado, decir que se necesita la colaboración de las comunidades autónomas es "una excusa". Alerta, a este respecto, de las consecuencias "sanitarias" del vertido. Aunque no afecta al agua de boca, sí tiene efectos nocivos sobre la fauna local, ya que existe el riesgo de que se produzcan mortandades masivas de peces y de que proliferen cianobacterias potencialmente tóxicas.

El comisario de aguas de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), René Gómez, los alcaldes de Ágreda y Ólvega y representantes de la Junta de Castilla y León se reunieron en junio para abordar la polémica. No obstante, la solución, ligada al informe encargado por el Gobierno castellanoleonés, no se conocerá hasta octubre. Entre tanto, se va a realizar un inventario de vertidos para detectar qué empresas generan la mayor carga contaminante. Se trata de una tarea que recaerá directamente sobre los ayuntamientos sorianos, a quienes les corresponde recolectar y analizar las muestras que se obtengan.

El problema, explican desde la CHE, es que la depuradora de Ágreda es insuficiente para tratar las aguas residuales de ambos municipios y de su industria. Fuentes de la Confederación señalan que la solución ha de tener "una visión global sobre la masa". "No debe limitarse a solventar la llegada de nuevos vertidos a la red de colectores, el río Val no tiene que soportar esta presión de vertido", subrayan. Recuerdan, en este sentido, que dicho río está propuesto para ser declarado como zona sensible. "Si esto ocurre, habrá sustancias que aún quedarán más restringidas", añaden.

Un reciente informe de la CHE sugiere propuestas novedosas como la aplicación de enzimas o la gestión las aportaciones del trasvase del río Queiles para desestabilizar el desarrollo del fitoplancton y minimizar el problema. No obstante, a juicio de Ciudadanos, el Gobierno de España está "actuando sin rumbo y sin prestar atención a las medidas que se plantean desde la CHE".

Soluciones y reivindicaciones

La futura depuradora se construiría en Ólvega y tendría un coste de 4,5 millones de euros. Ya a principios de año, el alcalde de Ágreda, Jesús Manuel Alonso, aseguró a este periódico que los vertidos tienen su origen en una serie de empresas que actúan de forma irregular, un aspecto que esclarecerá el inventario que ya se está llevando a cabo.

La Confederación confirma que desde principios del verano se viene trabajando "para mejorar los problemas de incumplimiento que se viven desde hace un año". Sin embargo, los vecinos y alcaldes del territorio llevan tiempo reivindicando una solución. El propio teniente de alcalde de Tarazona, Luis José Arrechea, instó a la CHE a aclarar si los municipios sorianos estaban incurriendo en un delito medioambiental, una petición que, por el momento, no ha obtenido respuesta.