El Gobierno autonómico descarta ampliar el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

El Ejecutivo cierra el debate y asegura que "no existe una reivindicación en el territorio". Los ecologistas piden priorizar los criterios científicos y aumentar la superficie protegida.

La extensión. El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, que estos días recibe a cientos de turistas, abarca actualmente 15.608 hectáreas. Su ampliación, que lleva años generando opiniones contrapuestas entre alcaldes, expertos y ecologistas, haría que se elevase por encima de las 20.000.
La extensión. El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, que estos días recibe a cientos de turistas, abarca actualmente 15.608 hectáreas. Su ampliación, que lleva años generando opiniones contrapuestas entre alcaldes, expertos y ecologistas, haría que
Rafael Gobantes

El Gobierno de Aragón descarta ampliar el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Fuentes de la Consejería de Desarrollo Rural confirman que el proyecto, del que se lleva años hablando, no entra en los planes del Ejecutivo PSOE-CHA "por que no existe reivindicación en el territorio". Tampoco se contempla crear junto a Francia un Parque Internacional del Pirineo.

Ya en 2015, el Gobierno PP-PAR aseguró que la ampliación de Ordesa, incluida en los objetivos del Plan Rector de Uso y Gestión, "dependería de la opinión de los habitantes de la zona", pero el proyecto ha quedado aparcado desde entonces. Tampoco ha salido a colación ahora que el parque celebra sus cien años.

El problema, explica Miguel Ángel Noguero, alcalde de Bielsa y presidente de la Asociación de Municipios de Espacios Naturales Protegidos de Aragón, es que la situación económica actual "no permitiría a la DGA compensar a los territorios afectados". "Y una ampliación sin contrapartidas no tendría sentido. Es un tema delicado", dice.

Noguero admite que el proyecto podría ser "interesante y bueno para el territorio". "Aunque tendría que regirse por otros criterios de proteccionismo. Si no, perderíamos mucho y no ganaríamos nada", matiza.

Sobre los 100 años del parque, resalta que, por el momento, "lo prometido no se ha cumplido". "El valle de Pineta está igual que antes. Todo lo que se ha hecho ha sido con dinero del Ayuntamiento de Bielsa. Estamos expectantes a ver qué ocurre ahora que se celebra el centenario", afirma.

El criterio de la DGA choca con el de expertos como Eduardo Martínez de Pisón, catedrático de Geografía por la Universidad Autónoma de Madrid y Premio Nacional de Medio Ambiente, que cree que el Gobierno aragonés "tendría que volcarse en la ampliación en el futuro", ya que tendría beneficios "contantes y sonantes" para la región.

"El parque actual se queda muy pequeño. El de Picos de Europa, también de 1918, supera las 60.000 hectáreas. Esto no quiere decir que no haya naturaleza, que la hay de sobra, ni que esa naturaleza no necesite protección", aseguró en junio con motivo de la primera conferencia organizada en el marco del centenario del Parque Nacional.

Para Ecologistas en Acción, la postura del Gobierno es "injustificable". "La opinión del territorio es muy importante, pero también lo son las razones técnicas, científicas y de interés general", explica Mariano Polanco, portavoz del colectivo y miembro del patronato de Ordesa. A su parecer, la Administración "debería hacer pedagogía sobre los beneficios que tiene el proteger estos espacios". "¿Qué sería en estos momentos de los pueblos del entorno si no existiera el Parque Nacional?", se pregunta. Recalca, asimismo, que la ampliación es "la única manera de proteger el parque de amenazas externas".

Opiniones enfrentadas

En los últimos años, la posible ampliación del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido ha generado opiniones encontradas entre expertos, alcaldes y ecologistas. El Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón recomendó en 2016 al Ejecutivo autonómico ampliar la Red de Espacios Naturales Protegidos a través del aumento de la superficie del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y del Parque Natural Posets-Maladeta. El propio Plan Rector de Uso y Gestión, ratificado en 2015, incluía la ampliación entre sus objetivos. No obstante, la opción de hacerla por el valle de Bujaruelo, situado en la zona limítrofe del espacio protegido, presenta al menos dos problemas: la proximidad de la reserva de caza y la presencia de una línea eléctrica de alta tensión.

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