Bajo Aragón-Caspe, Jiloca y Alto Gállego, referentes para estudiar la inclusión de los inmigrantes
La Universidad de Zaragoza analiza la integración sociolaboral de los extranjeros en el medio rural aragonés.
Bajo Aragón-Caspe, Jiloca y Alto Gállego son las tres comarcas aragonesas que sirven de referencia en un proyecto de investigación que lleva a cabo la Universidad de Zaragoza, por encargo del Gobierno aragonés, para realizar un diagnóstico de políticas y estrategias de acogida e integración sociolaboral de personas de origen extranjero en el medio rural de la Comunidad.
Estas tres comarcas, explica Luis Antonio Sáez, uno de los directores del estudio e investigador del campus público asociado al Consejo Provincial sobre Desarrollo Rural y contra la Despoblación (Ceddar), son representativas de "especializaciones económicas diferentes y estructuras sociales particulares", aunque comparten una presencia relevante de población extranjera. Cada una de ellas será objeto de un estudio minucioso y cualitativo del fenómeno migratorio y de los procesos de inclusión, acogida e integración que se pueden extrapolar al resto del territorio.
Entre estas tres comarcas, la del Alto Gállego, con un gran peso del sector turístico, es la que ha perdido más población de otros países en el último lustro. En 2012 residían en ella 2.220 inmigrantes que suponían el 15,15% de la población total. En 2017, según los últimos datos sobre comarcas disponibles en el Instituto Aragonés de Estadística, han bajado a 1.291, lo que supone una caída de un 41,84% y que su peso respecto al total de habitantes se haya reducido a un 9,57%.
Bajo Aragón-Caspe está a la cabeza de las zonas agrícolas en las que el peso de la inmigración es más alto. En 2012 tenía 3.053 inmigrantes, que representaban el 20,30%. En 2017, el colectivo extranjero era de 2.945 personas, que son el 20,36% de la población total. En este caso, las cifras confirman que aunque los extranjeros son menos siguen manteniendo su peso en el censo global que ha caído de 15.039 habitantes en 2012 a 14.459 en 2017. Sáez compara el Jiloca con "la Almería de los invernaderos", por esa "agricultura mercantil muy potente" que mantiene esta mano de obra.
La comarca del Jiloca ha pasado de tener un 13,56% de extranjeros censados en 2012 a un 11,55% el año pasado. Sáez explica que este caso interesa porque representa muy bien el "tobogán" que ha vivido la población inmigrante que tuvo que abandonar la zona a partir de 2008 y 2009 por esa crisis que afectó a mataderos e industrias cárnicas que sustentaban buena parte de la economía.
Entrevistas con agentes
El estudio acaba de comenzar y está previsto que se concluya en noviembre. En cada una de las comarcas se llevan a cabo entrevistas en profundidad con los agentes relevantes, desde representantes políticos y empresariales a trabajadores sociales, profesionales de la educación y portavoces de colectivos de inmigrantes.
Otra parte de la investigación se centrará en las trayectorias de la población extranjera en la Comunidad en los periodos 2000-2007 y 2008-2016, ya que la crisis económica implicó un cambio de escenario muy relevante. Luis Antonio Sáez avanza que otro foco de atención van a ser las políticas públicas sobre migraciones en países de referencia como los escandinavos, Canadá, Austria y Japón. Estas se completarán con las iniciativas formuladas por las oenegés y otras asociaciones, cuyo planteamiento se basa en la cooperación y la voluntariedad, aunque con un bagaje muy rico en la gestión de este tipo de medidas.
El objetivo es identificar los cambios a introducir en las políticas de acogida e integración y las novedades y buenas prácticas a implantar para lograr que se produzca el enraizamiento de los nuevos vecinos y se generen relaciones interculturales que permitan una buena convivencia, mejorando la cohesión social y evitando la discriminación. Además, se trata de determinar los emplazamientos más idóneos en el medio rural para facilitar el asentamiento de los que lleguen.
El convenio suscrito entre la DGA y el campus público para realizar esta investigación fue publicado ayer en el Boletín Oficial de Aragón. Su coste asciende a 22.500 euros, de los que 18.000 los aporta la DGA y 4.500 el campus.
