Aragón considera constitucional la Ley de Capitalidad pero entiende el recurso

El consejero de Presidencia del Gobierno aragonés, Vicente Guillén, ha recalcado que desde el Ejecutivo consideran que es un artículo que respeta la Constitución pero también entienden que el Gobierno nacional debía llevarlo adelante como ha hecho.

El presidente Javier Lambán y el alcalde Pedro Santisteve, en marzo de 2017, durante la firma del acuerdo de la ley de capitalidad.
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J. M. Marco

El Gobierno de Aragón ha reconocido que no les ha pillado por sorpresa el recurso de inconstitucionalidad que aprobó el pasado viernes el Consejo de Ministros sobre la vigencia del artículo 14.1.u de la Ley de Capitalidad, porque el actual Gobierno de España ha acatado el informe del Consejo de Estado que ve visos en contra de la Constitución de este artículo, aunque desde Aragón defienden su carácter constitucional.

El consejero de Presidencia del Gobierno aragonés, Vicente Guillén, ha recalcado que desde el Ejecutivo consideran que es un artículo que respeta la Constitución pero también entienden que el Gobierno nacional que preside Pedro Sánchez ante el informe del Consejo de Estado debía llevarlo adelante como ha hecho.

"Entra dentro de la normalidad defender la legalidad constitucional. Es normalidad democrática y actuaría así este Gobierno o cualquier otro", ha explicado.

Guillén ha recordado que tras ser aprobada la Ley de Capitalidad por el Gobierno aragonés hubo algunas discrepancias con el anterior Gobierno del Partido Popular sobre diferentes artículos que se solucionaron en la Comisión Bilateral, pero en el artículo 14.1.u no se produjo el acuerdo.

Ante el desacuerdo el Gobierno en aquel momento dirigió al Consejo de Estado la consulta sobre la posible inconstitucionalidad del artículo que ahora el Gobierno socialista "se ha encontrado en la mesa y se ve obligado a interponer el recurso".

En este sentido ha insistido en que la posición del Gobierno de España respecto al de Aragón difiere porque "nosotros defendemos que es constitucional el artículo", a la vez que ha apuntado la polémica generada por el uso que se ha hecho desde el Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza de este artículo que provocó "la protesta masiva de los diferentes grupos de la oposición".

En su opinión va para "largo" que se produzca la resolución definitiva sobre el citado artículo pero la primera consecuencia será que cuando admita a trámite el recurso, el Tribunal Constitucional deberá pronunciarse sobre su suspensión y se entrará en un periodo de cinco meses para presentar alegaciones y entonces decidirá si se mantiene o se levanta la suspensión hasta que entre en materia.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes interponer un recurso de inconstitucionalidad contra este artículo de la ley de régimen especial de Zaragoza como capital de Aragón, cuyo contenido se ha conocido este lunes y que invoca la suspensión de la aplicación del precepto impugnado, al amparo de la propia Constitución y de la ley orgánica del Tribunal Constitucional.

El artículo impugnado dice que corresponde al Gobierno municipal "la formación de la voluntad del Ayuntamiento como socio único en las sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente al municipio de Zaragoza, asumiendo las funciones de Junta General", y sirvió al Gobierno de ZeC para modificar la composición de los consejos de administración de las sociedades municipales, limitando la presencia de los grupos de la oposición.

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