El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el de España, Pedro Sánchez, anunciaron el pasado jueves en La Moncloa que el próximo 1 de octubre harán una ceremonia solemne de entrega de todo el material incautado a ETA en los últimos 20 años en el país galo. Esos documentos, denominados los ‘sellos de ETA’, permitirán investigar algunos de los 379 crímenes cometidos por la banda terrorista que siguen sin resolver.

Parte de esa documentación y las armas de la organización criminal ya fueron trasladadas en febrero a las Fuerzas de Seguridad. Hasta ahora el único caso que se ha podido aclarar con los nuevos datos ha sido el asesinato del funcionario de prisiones Máximo Casado, cometido el 23 de octubre de 2000 con una bomba lapa en Vitoria.

Una nota manuscrita

La investigación de este atentado atribuye la autoría al comando Ttotto y en concreto al etarra José Ignacio Guridi Lasa, el mismo que cometió el asesinato de los guardia civiles José Ángel de Jesús Encinas e Irene Fernández el 20 de agosto de 2000 en Sallent de Gállego (Huesca).

De momento, la Audiencia ha reabierto el caso y cuenta con una nota manuscrita que Francia ha entregado a España, en la que identifica al presunto autor de la muerte de Máximo Casado, funcionario de la prisión de Nanclares de Oca (Vitoria) que dejó una viuda y dos niños de 10 y 18 años.

La reapertura del sumario en el Juzgado de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional se decidió este mes a instancias del fiscal antiterrorista Marcelo Azcárraga. Según fuentes de la investigación, el método de los dos atentados fue el mismo, ya que se utilizó una bomba lapa adosada a los bajos de los dos vehículos: el Nissan Patrol de los guardias en el que se disponían a patrullar aquel domingo a las 6.00 y estaba aparcado en el frontón del pueblo, y el Citroën Xsara del funcionario al que había delatado un etarra que era hijo de un vecino del trabajador de la cárcel.

Guridi Lasa, el sospechoso de matar a Máximo Casado, reconoció ante la Ertzaintza cuando lo detuvieron que participó en cinco atentados terroristas: el asesinato de José Luis López de la Calle, la colocación de un coche bomba en Ágreda (Soria), el atentado en Sallent de Gállego, la colocación de dos artefactos en la discoteca Txitxarro de Deba, y el ataque al Centro de Menores de Zumárraga. Pero no mencionó el asesinato del funcionario de prisiones.

Guridi Lasa admitió que Francisco Javier García Gaztelu ‘Txapote’ (condenado a 75 años, junto a los etarras Aitor Aguirrebarrena y Asier Arzálluz Goñi) les proporcionó la información sobre el vehículo de la Guardia Civil de Sallent de Gállego. Así, se trasladaron a la localidad oscense, y después de comprobar los datos, el acusado se encargó de preparar el artefacto. «Yo mismo procedí a colocar la bomba lapa en los bajos del Nissan-Patrol», declaró.

En 2004, Guridi Lasa fue condenado a 75 años por el asesinato de los dos agentes. Además, cumple otra pena de 30 años por el crimen del periodista José Luis López Calle. Ahora podrá ser juzgado por la muerte del funcionario de prisiones de Vitoria, gracias a la prueba aportada por la Policía francesa.

Hasta la fecha, la investigación del asesinato del funcionario se había quedado en la condena a Zigor Bravo Sáez de Urabain a 28 años de cárcel por facilitar la información para matarlo.

Desde 1999

Expertos en la lucha antiterrorista consultados detallan que la mayor parte de la documentación entregada por Francia procede de atentados posteriores a 1999. Aun así, la Policía francesa halló en un zulo de ETA el archivo histórico con 40 cintas grabadas a secuestrados, como José Lipperheide y Prado de Carvajal, o dirigentes de la banda como ‘Txomin’, ‘Argala’ o Julián Madariaga. 

En el proceso de reconocimiento de las pruebas entregadas de Francia para juicios en España se garantiza su custodia en la Audiencia Nacional tras una petición de la Fiscalía Antiterrorista. Hay dos equipos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil destinados para revisar los documentos, sobre todo informáticos, y puede resolver más casos.

Otra pista proveniente de los papeles de Francia que está analizando la Policía es la letra que figura en varios documentos encontrados en un archivo. Esa letra se compara con la que hay en cartas enviadas desde la cárcel por un etarra que cumplió condena y ahora se encuentra libre.

Las armas entregadas podrían aclarar otros ataques en Aragón

Las autoridades judiciales francesas entregaron a España documentos y más de 300 armas incautadas a la banda terrorista ETA en los últimos 20 años. Las pistolas, fusiles y hasta un lanzagranadas están siendo estudiadas para ver si pueden esclarecer los atentados por resolver. Dos de ellos tuvieron víctimas aragonesas: el que fuera presidente del PP-Aragón Manuel Giménez Abad, asesinado de tres disparos el 6 de mayo de 2001 en Zaragoza; y el comandante de la Guardia Civil Miguel Ángel Madariaga, ametrallado el 3 de febrero de 1979 en Andoain (Guipúzcoa).

A Giménez Abad lo mataron en la calle de Cortes de Aragón de Zaragoza con una pistola checa HS Belliot comprada en Croacia (un mercado poco habitual para la banda). El arma estaba entonces ‘limpia’, término que utilizan las Fuerzas de Seguridad cuando no se ha utilizado antes en otras acciones criminales. Sin embargo, en agosto de 2010, otro etarra volvió a usar esta pistola en el asesinato de Joseba Pagazaurtundua, jefe de la Policía Municipal de Andoain (Guipúzcoa). En esta misma localidad del País Vasco fue donde el comando Adarra ametralló al comandante aragonés de la Guardia Civil, Miguel Ángel Madariaga, que recibió tres balazos procedentes de un Cetme y un subfusil Stern