Aragón aplicará la exención de 500.000 euros en el pago de Sucesiones a partir de noviembre

La DGA adapta el sistema informático fiscal para que esté a tiempo tras el pacto alcanzado con PP y PAR.

El consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, y el director general de Tributos, Francisco Pozuelo, presentaron la reforma fiscal en mayo.
Aragón aplicará la exención de 500.000 euros en el pago de Sucesiones a partir de noviembre
DGA

El Gobierno de Aragón elevará la exención en el pago por herencias de 150.000 a 500.000 euros entre padres, hijos y cónyuges a partir del 1 de noviembre. Así lo ha asegurado este viernes a este diario el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, quien ha aclarado que se necesitarán dos meses desde la aprobación formal de la reforma fiscal pactada con PP, PAR y Ciudadanos para que entre en vigor. Aunque en la Dirección General de Tributos ya trabajan en introducir todas las modificaciones impositivas acordadas en el sistema informático fiscal, denominado SYD, Fernando Gimeno ha señalado que no se podrá aplicar en octubre como recogen las enmiendas convenidas con el centroderecha.

El plazo legal para presentar enmiendas al proyecto de ley consensuado por el PSOE con Ciudadanos acababa este viernes y no ha habido sorpresas: PP y PAR se han sumado a la reforma fiscal a cambio de una serie de bonificaciones adicionales que se tramitarán ahora en una ponencia, mientras Podemos ha registrado una enmienda a la totalidad para elevar únicamente la exención hasta los 200.000 euros a cambio de subir el impuesto a las sociedades patrimoniales, a las grandes empresas y a quienes cuentan con un patrimonio previo superior a 402.000 euros. Por su parte, CHA ha ratificado su desmarque de sus socios de gobierno del PSOE al plantear dos enmiendas para limitar la bonificación a 300.000 euros.

En lo único que están de acuerdo todos los partidos es en eximir del impuesto a las víctimas del terrorismo y de la violencia de género, tal y como ha propuesto Aragón Stop Sucesiones. Eso sí, lo harán los grupos a través de una enmienda parcial, a excepción de Podemos, que la ha incluido en su texto alternativo.

Populares y aragonesistas ya anunciaron en junio que se sumaban a la reforma fiscal tras la negociación con los socialistas, aunque el portavoz de Hacienda del PP, Antonio Suárez, ha reiterado que sigue «muy lejos» de su modelo, que pasa por bonificar al 99% las herencias entre padres, hijos y cónyuges.

El acuerdo se basa en cuatro ejes y no disparará la merma recaudatoria realizada sobre la reforma inicial, en torno a los 40 millones de euros. En concreto, se bonificará en un 65% la adquisición de la vivienda habitual del fallecido por parte de familiares directos, lo que será compatible con la reducción del mínimo exento, siempre y cuando el valor del inmueble no supere los 300.000 euros. También se elevará la reducción estatal en las herencias entre hermanos de 7.993 a 15.000 euros y se retocan las cuestiones relativas a las herencias de empresas familiares. Así, se eliminarán las limitaciones a sociedades que coticen en bolsa y se reducirá del 20% al 10% el grado de control sobre la empresa que debe tener la familia, hasta cuarto grado.

El proyecto de ley retrasaba la entrada en vigor de las nuevas bonificaciones en Sucesiones hasta el 1 de enero, pero PP y PAR reclaman en sus enmiendas que se aplique el 1 de octubre. En este sentido, la diputada aragonesista Elena Allué ha destacado que el propio director general de Tributos, Francisco Pozuelo, les apuntó que podría dar tiempo al conocer ya el alcance de la reforma y poder cargarla en el sistema SYD con antelación. Sin embargo, Gimeno ha señalado que se necesitarán dos meses adicionales desde que se apruebe, mientras el diputado de Ciudadanos, Javier Martínez, se ha mostrado igualmente partidario de aplicarla «cuanto antes».

La clave estará en la tramitación del proyecto de ley, pero fuentes parlamentarias han asegurado que «sí o sí» se aprobará en el primer pleno de septiembre, previsto para el día 5, pese a que haya que celebrar una comisión extraordinaria para debatir la enmienda a la totalidad de Podemos. Una de las posibilidades pasa por habilitar parte de agosto, que es inhábil.

El consejero de Hacienda se ha mostrado convencido de que las bonificaciones no tendrán un impacto este año sobre las arcas públicas, ya que los herederos tienen un plazo de autoliquidación de seis meses y la mayoría lo apura. Igualmente confía en que se recupere la recaudación, que en lo que va de ejercicio sufre un verdadero pinchazo, y que se acaben incluso superando las previsiones presupuestarias, fijadas en 149 millones: en el primer semestre se ha limitado a 68,4 millones, por lo que si se extrapolara al resto del año se quedaría en 136,8, y por tanto por debajo de lo recogido en las cuentas. Y a eso habrá que sumar las consecuencias de las nuevas bonificaciones.

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