El Justicia insta a contestar uno a uno los recursos contra el ICA
El Gobierno de Aragón alega que esta fórmula supondría un gasto "ingente" de 300.000 euros para las arcas públicas
El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, insta al consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, a contestar uno a uno los cerca de 50.000 recursos presentados en Zaragoza contra el polémico Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA). El Ejecutivo rechazó todos de vez el 4 de junio a través del Boletín Oficial de Aragón, una fórmula que alertó al Justicia, que abrió un expediente de oficio.
El Departamento de Olona defiende que existían "razones de interés público" para responder a través del BOA, ya que la notificación individualizada habría supuesto "un gasto ingente" que, según el propio Ejecutivo, superaría ampliamente los 300.000 euros.
Solo las cartas certificadas supondrían un impacto económico de 250.000 euros para las arcas públicas, a lo que habría que sumar los 400.000 folios necesarios para enviar la resolución, que ocupa 15 páginas, los gastos de impresión y los sobres. La Consejería también alude a las consecuencias que habría tenido sobre el funcionamiento de los servicios administrativos del Instituto Aragonés del Agua y de Correos.
El Gobierno de Aragón defiende que solo se contestó a través del BOA "a los recursos que se ajustaban al modelo que determinadas entidades proclives a la impugnación del ICA pusieron a disposición de los ciudadanos". El resto, aseguran desde el Departamento, sí fueron respondidos de forma individual. Dicen, asimismo, que las quejas iban planteadas fundamentalmente contra la configuración legal del tributo y no contra su aplicación.
El Justicia, en cambio, asegura que existen precedentes judiciales que podrían llevar a considerar la publicación en el Boletín como "ineficaz". Dolado cree que existe el riesgo de que la publicación no surta efecto, lo que podría dificultar futuros recursos administrativos o judiciales.
El Departamento de Desarrollo Rural aseguró ayer que estudiará fórmulas junto a los servicios jurídicos de la DGA para cumplir la legalidad sin que exista una excesiva repercusión económica para las arcas públicas.
