El PP guarda silencio tras anularse las jubilaciones forzosas de médicos del Salud
El plan fue aprobado por el anterior Ejecutivo. El Colegio de Médicos muestra su satisfacción por los fallos del Supremo.
El PP declinó ayer hacer declaraciones u opinar sobre las sentencias del Tribunal Supremo que anulan las jubilaciones forzosas de dos médicos del Salud. Fue el anterior Ejecutivo, con Luisa Fernanda Rudi al frente como presidenta, quien decidió no permitir a ningún facultativo prorrogar su vida laboral más allá de los 65 años. Una decisión que, según el sindicato CesmAragón, puede obligar a la DGA a tener que desembolsar más de 13 millones de euros, ya que los fallos del Alto Tribunal sientan jurisprudencia y hay pendientes alrededor de 200 recursos similares en el Tribunal"Superior de Justicia de Aragón.
La medida, que se aprobó en 2013 con el objetivo de ahorrar, fue controvertida desde el primer momento, incluso muchos aseguran que hubo diferencias en el propio Ejecutivo del PP. Ahora, tras el varapalo judicial, los populares han decidido no reaccionar oficialmente y solo son algunas fuentes del partido las que aseguran que respetan y respetarán las decisiones judiciales.
Otras fuentes del anterior equipo de Gobierno consultadas por este periódico sí que señalan que posiblemente el Tribunal Supremo se hubiera pronunciado de otra manera si el actual Departamento de Sanidad hubiera recurrido las dos sentencias de 2015 del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Estas declararon nulo el plan de recursos humanos del PP, que obligaba a los facultativos a jubilarse a los 65 años.
Entonces, el hasta hace unos días consejero de Sanidad Sebastián Celaya decidió no recurrir estos fallos del TSJA. Siempre se había mostrado contrario a esta medida y había defendido la posibilidad de que los médicos pudieran prórroga su vida laboral por el déficit de facultativos. En abril de 2016, Sanidad autorizó a los profesionales de seis especialidades poder seguir trabajando hasta los 67 años y en noviembre de 2017, lo extendió a todas las demás. No obstante, será al nuevo Ejecutivo autonómico al que le tocará cuadrar las cuentas para poder resarcir económicamente a los médicos jubilados de manera forzosa. Les tendrá que compensar por el dinero que han dejado de percibir, entre la pensión y lo que hubieran ganado en su puesto del Salud hasta cumplir 70 años.
Coste de las sentencias
La presidenta del Colegio de Médicos de Zaragoza, Concha Ferrer, mostró su satisfacción por las sentencias del Tribunal Supremo que dan la razón a dos médicos que se "sintieron maltratados" y "desencantados" al final de su vida laboral en el Salud.
Pero a su vez Ferrer mostró su preocupación por la tardanza de las resoluciones judiciales y que esta demora vaya a acarrear al Gobierno de Aragón un desembolso de más de 13 millones, según los cálculos del sindicato médico.
Pidió a los equipos jurídicos de las instituciones que valoren todas las opciones antes de tomar una decisión para evitar "reveses judiciales con estos costes". "Antes de tomar cualquier decisión de este tipo deberían poner sobre la mesa los pros y los contras. Mandaron a casa a gente muy útil, que ahora van a tener que pagar sin trabajar. Les obligaron a dejarlo en un momento muy difícil", señaló Ferrer.
