El Tribunal Supremo declara nulas las jubilaciones forzosas de los médicos del Salud

El Tribunal Supremo ha declarado nulas dos de las jubilaciones forzosas que el Gobierno de Aragón impuso a médicos del Servicio Aragonés de Salud a finales de julio de 2013. Les obliga a resarcirles económicamente por las retribuciones que no han percibido desde esa fecha hasta cumplir los 70 años, edad máxima que marca el Estatuto del Personal del Salud que pueden prolongar su vida laboral. En este momento, hay otros cerca de 200 recursos en elTribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que podrían resolverse en la misma línea al sentar jurisprudencia la decisión del Alto Tribunal.

Las primeras sentencias reconocen el derecho que tenían los demandantes a permanecer en el servicio activo a partir de los 65 años, ya que establecen que su prórroga laboral no puede denegarse "libre e incondicionadamente" sino que debe hacerse con "sujeción a lo que prevean los Planes de Ordenación de Recursos Humanos (PORH)". Los fallos consideran que los PORH son los "instrumentos básicos de planificación global de los mismos" y los que establecen las necesidades en materia de personal. Algo que no se hizo de forma ajustada a derecho, según el Supremo.

De hecho, dos sentencias del TSJA de 2015 declararon nulo el plan que elaboró en 2013 el Departamento de Sanidad por el que se obligó a los médicos a jubilarse forzosamente a los 65 años.Entonces, la DGA no recurrió. Ahora, ante las sentencias del Supremo no hay posibilidad de recurso. El Departamento de Sanidad ha señalado que acatará las sentencias.

El conflicto con las jubilaciones forzosas se remonta a 2013, cuando el anterior Ejecutivo del PP-PAR rechazó todas las solicitudes de los médicos para prolongar su vida laboral más allá de los 65 años. En realidad, fue una medida que afectaba a todos los empleados públicos, pero el colectivo médico fue el más afectado. De hecho, el día 31 de julio de hace cinco años dejaron de trabajar en el Salud más de 150 facultativos, jubilados forzosamente.

El hasta hace unos días consejero de Sanidad Sebastián Celaya defendió desde el primer día su deseo de permitir a los médicos prolongar su vida laboral más allá de los 65 años por el déficit de profesionales. Fue en abril de 2016 cuando autorizó a los profesionales de seis especialidades la posibilidad de seguir trabajando hasta los 67 años.Y en noviembre de 2017 el Gobierno aprobó un plan que permite a todos los facultativos mantenerse en servicio activo dos años más.

Goteo de recursos

Desde 2013, el goteo de recursos por las jubilaciones forzosas no ha parado hasta llegar incluso a acumularse alrededor de 200, la mayoría tramitados por el abogado del sindicato médico CesmAragón, Pedro Altaba. Ha sido precisamente este órgano sindical el que se ha mostrado contrario a esta medida desde el primer momento al considerar que lo que pretendía hacer era un "ERE encubierto". El secretario general de CesmAragón, Lorenzo Arracó, mostró su satisfacción por el resultado de las sentencias del Supremo, que"vienen a confirmar que se hicieron mal las cosas"."Se ha ofendido a muchos médicos que llevaban una vida trabajando en el Salud", recriminó Arracó, que recordó que hay sentencias similares en otras comunidades.

El portavoz de Cesm aseguró que las resoluciones del Alto Tribunal dan un "tirón de orejas" al anterior Ejecutivo autonómico PP-PAR y a los sindicatos que apoyaron el plan de recursos de 2013 que es el que ha obligado a jubilarse a los médicos a los 65 años. Este fue suscrito por CSIF, CC.OO. y UGT."Lo barato sale caro.Este ahorro no solo tiene un coste en salud sino también en dinero. Un dinero que no se puede permitir la Administración. Ahorrar es una mala política", censuró Arracó.

De momento, el sindicato de médicos ha hecho una primera estimación de lo que el Gobierno de Aragón podría llegar a tener que pagar si todos los recursos se resuelven en el mismo sentido que los del Tribunal Supremo. Al ser imposible jurídicamente reincorporarlos a su puesto de trabajo si han cumplido 70 años, debe resarcirles y abonarles la diferencia entre su pensión y lo que deberían haber ganado en el Salud. Así, grosso modo, según adelantaron desde el sindicato, la DGA podría llegar a tener que pagar más de 13 millones de euros.

La vicepresidenta de CesmAragón, Merche Ortín, aseguró que los médicos se sienten"castigados por la Administración". Destacó que continúan con su lucha para recuperar los derechos perdidos desde el año 2010. Recordó, de hecho, que se ha equiparado su paga extra con la del grupo B."A nivel nacional llevan ahorrados más de mil millones con el recorte de la paga extra", subrayó.

"Nos sentimos humillados"

Soledad Vicente recuerda como si fuera ayer el 29 de julio de 2013. Entonces, hace ahora ya cinco años, su director médico le llamó al despacho para comunicarle que dos días después, el mismo día que cumplía 65 años, tenía que colgar su bata y dejar de trabajar en el Salud. Fue una de las decenas de médicos que el Gobierno de Aragón ha obligado de manera forzosa a jubilarse y no aceptó prorrogar su vida laboral. "Después de 39 años de trabajo, de un día para otro me echaron", recuerda Soledad, que presentó un recurso primero ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y después ante el Supremo. Ahora, el Alto Tribunal ha reconocido que tenía derecho a seguir trabajando y obliga a la DGA a resarcirle económicamente.

La doctora Vicente era jefa de servicio de Dermatología del hospital Nuestra Señora de Gracia (Provincial) de Zaragoza. Su retiro forzoso le impidió incluso despedirse de sus pacientes, cuyas citas fueron distribuidas entre compañeros de diferentes centros sanitarios. "Dejamos literalmente a los pacientes colgados", censura la profesional.

Su historia es todavía más rocambolesca, porque meses antes de su retiro forzoso se le había reconocido por escrito su trabajo y su trayectoria laboral. "Seis meses después de decirme que hacía un buen trabajo y que era maravillosa te echan", lamenta la profesional, que censura que ni siquiera pudiera planificar su marcha con algo de tiempo y poder formar a otros médicos más jóvenes.

Asegura que su lucha durante estos años no ha buscado una compensación económica, sino un resarcimiento moral después de años de dedicación y trabajo en el Servicio Aragonés de Salud. "Es que me sentí humillada después de tantos años", afirma Soledad, que agradece el apoyo del sindicato de médicos CesmAragón y de su abogado, Pedro Altaba, del que destacó su profesionalidad.

En su casa, la jubilación forzosa llegó el mismo año y de la misma manera a su marido, Ernesto García, jefe del servicio de Medicina Física y Rehabilitación del hospital Miguel Servet de Zaragoza. "Estando de baja tuve que pedir el alta para que me jubilaran. En un solo día jubilaron a nueve personas de mi mismo servicio. Fue algo increíble", denuncia García, que espera la resolución de su recurso.