Los representantes de los agricultores españoles se han cansado de repetir, cada uno en sus foros, lo poco o nada que les gusta la Política Agraria Común (PAC) que rige actualmente. Y ahora que ya están sobre la mesa los reglamentos con los que Bruselas quiere diseñar la nueva PAC, que entrará en vigor más allá de 2020, han decidido hablar con una única voz. Y la han plasmado en un documento en el que manifiestan su intención -la del sector agrario español en general- de plantar batalla ante Bruselas con una posición común para defender una nueva PAC «fuerte y con un presupuesto suficiente».

El escrito, alabado por el ministro de Agricultura, Luis Planas, lleva la firma del presidente de Cooperativas Agroalimentarias, Ángel Villafranca, del máximo representante de Asaja, Pedro Barato, y de los secretarios generales de COAG y UPA, Miguel Blanco y Lorenzo Ramos, respectivamente, que aseguran que este documento, calificado por muchos como histórico, era «muy esperado» por el sector, que demanda a sus representantes «unidad de acción en temas clave».

Es cierto que el pacto no habla de las medidas concretas que, a juicio de sus artífices, debería contener la nueva política agraria que se escribirá en los próximos meses. Recuerda, eso sí, la importancia del sector, utilizando para ello una batería de datos y cifras que justifican la necesidad de disponer de una robusta PAC, «la única política totalmente integrada en la UE y que forma una parte fundamental del presente y el futuro de la Unión», dicen.

Y esa fuerza, a tenor de lo expuesto en el documento, está en el presupuesto, que exigen que sea «suficiente», y eso significa que no aceptarán una dotación inferior a la actual. No lo dicen por si acaso. Las intenciones manifestadas por la Unión Europea hablan de recortes. De hecho, el pasado mes de mayo la Comisión Europea hizo saltar todas las alarmas cuando presentó su comunicación para el Marco Financiero Plurianal de la UE 2021-2027. Una propuesta en la que recoge una reducción del presupuesto agrario del 4,5% en gastos corrientes, que se traduce en una tijeretazo del 16,5% en desarrollo rural y un descenso del 3,9% en pagos directos y medidas de mercado.

«En términos reales el recorte es significativamente mayor. Se eleva al 16% y es más acusado en desarrollo rural (-27%) que en el primer pilar de la PAC», advierten los sindicatos y las cooperativas.

Con este pacto las organizaciones agrarias han puesto mano sobre mano para escenificar lo que esperan también de los representantes políticos, aunque de momento la postura común no lo es tanto, como pudo comprobarse en el pasado Comité Consultivo del ramo. Y el tiempo apremia.

La crisis económica, los retos geopolíticos, tanto externos como internos, el ‘brexit’ o el avance de movimientos antieuropeos. El reto medioambiental y los efectos del cambio climático. Las nuevas prioridades políticas marcadas por la Comisión Europea tanto en materia de defensa y seguridad común, como en innovación y jóvenes. Y especialmente la crisis de refugiados y la inmigración. Es la lista con la que los firmantes del pacto -Cooperativas Agroalimentarias, Asaja COAG y UPA- enumeran los desafíos a los que tiene que hacer frente una Unión Europea que, en su opinión, se enfrenta a uno de sus momentos más delicados.

«La cuestión clave es qué queremos hacer, ser espectadores de un mundo incierto o construirlo bajo los principios de la democracia y el desarrollo sostenible», sostienen los representantes del sector en el documento de unidad que han presentado al ministro de Agricultura, Luis Planas. Y lo que quieren hacer es «participar activamente» en el debate sobre el camino que debe tomar la futura Unión, señalan en el escrito.

Tienen motivos para reclamar este protagonismo. Los detallan en dicho pacto con cifras, que demuestran la potencia del sector que representan y su importancia en el conjunto de la Unión Europea a través de la Política Agraria Común (PAC).

Ahí están los datos. En España, destacan, existen más de 945.000 explotaciones agrarias, según la encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas realizada por el Ministerio. Hay además 29.000 industrias agroalimentarias, de las cuales 3.800 son cooperativas. A la distribución agroalimentaria hay que sumar también una industria de insumos y servicios para la producción agraria y el transporte, que representan «nada menos», detallan los firmantes, que el 9,4% del Valor Añadido de España, donde todo el sector da empleo a unos dos millones de personas.

Se trata además de una actividad productiva con gran éxito en los mercados internacionales. La conquista de los paladares más lejanos llevó el año pasado al sector agroalimentario español a sumar exportaciones por valor de 50.000 millones de euros, una cifra nunca antes cosechada, que además dejó para la economía aragonesa un saldo positivo de 12.000 millones de euros. Con estas cifras puede además presumir de ser el primer sector exportador de España, generador de una balanza comercial que ha crecido exponencialmente desde 2009.

Un potente sector europeo

Y eso solo en España, porque en su documento los representantes agroalimentarios españoles no solo hablan de la potencia agraria del país, sino de la importancia que esta actividad productiva suma en el conjunto de los Estados miembros.

«En esta declaración queremos poner de manifiesto el carácter estratégico del sector agrario europeo, desde el punto de vista económico, social y medioambiental», han firmado los líderes de Cooperativas Agroalimentarias, COAG Asaja y UPA. Porque en Europa hay nada menos que unos 11 millones de agricultores y ganaderos y solamente la producción de alimentos y su transformación, señala el texto, supone el 7,5% del empleo y el 3,7% del valor añadido total en la UE, es decir 420.000 millones de euros. La Unión Europea es además el primer importador y exportador de productos agroalimentarios del mundo, y más del 50% de la balanza comercial de la UE corresponde a la agroalimentación, especialmente a sus productos de de calidad y de alto valor añadido.

No solo es importante el cuánto. Es también más que significativo el dónde. Los datos lo evidencian. Como insisten en recordar los representantes de las organizaciones agrarias y de Cooperativas Agroalimentarias, la actividad agrícola, agroalimentaria y silvícola está presente en el 84% del territorio de la UE (48% agrícola, 36% bosques), y es fundamental en la gestión medioambiental, la sostenibilidad y la configuración del paisaje. Además, el 55% de los ciudadanos europeos reside en zonas rurales, que no solo son agrarias sino también importantes centros de empleo, ocio y turismo.

Prueba de ello es que este sector emplea de manera regular a 22 millones de personas. Pero si a ello se añaden la transformación de alimentos, los servicios y la industria minorista la cifra se dispara hasta los 44 millones de puestos de trabajo. Su tecnificación, su innovación y su profesionalización han permitido también que la agricultura sea un agente decisivo en la conservación del medio natural. «Desde 1990 la agricultura ha reducido las emisiones de gases de efecto invernadero en un 24%, así como el uso de fertilizantes, causando un impacto positivo en la calidad del agua», señala el texto, que insiste en que, a pesar de ello, ha sido también capaz de aumentar la productividad en un 9% desde el 2005.

Todas estas cantidades y calidades le deben mucho (o todo) a una Política Agraria Común, que nació de la mano del proyecto europeo, y con la que sus impulsores querían ofrecer a la sociedad una alimentación sana, de calidad y a precios razonables, pero con la que también buscaban lograr en el medio rural unas condiciones de vida y una oportunidades económicas similares a las de las zonas urbanas para evitar el éxodo de la población hacia las grandes ciudades.

El mayor desarrollo

«La existencia de un mercado único comunitario y la PAC han contribuido al mayor desarrollo económico y social de toda la historia de España», recoge el documento, que señala que el 80% de las producciones más importantes del país tienen como destino el mercado de la Unión Europea. «No puede hablarse del desarrollo y la modernización de España sin su pertenencia a un proyecto de paz y de integración política como es la UE», advierten.

Por eso, y aunque es cierto que a lo largo de los años y tras la sucesivas reformas hay muchos aspectos de la PAC que disgustan a los agricultores y ganaderos -como han denunciado por activa y por pasiva y a viva voz los firmantes del documento-, los representantes del sector insisten en que es necesaria.

Eso sí, reiteran que tiene que ser «una PAC fuerte» -en clara referencia al presupuesto- «y común» -en contraposición a los intentos de Bruselas de dar cada vez mayor poder a los Estados miembros para adaptar las medidas y las ayudas-.

A los que critican el elevado porcentaje que la PAC supone para el total de presupuesto, las organizaciones agrarias españolas y las cooperativas, explican que «el coste presupuestario de la PAC en relación a su importancia estratégica es muy reducido, el 1% del gasto público total, y el 0,40% en relación a la renta nacional bruta de la UE». Aún más, «que la PAC represente el 39% del presupuesto comunitario -llegó a suponer el 70%- se debe a que es precisamente la única política de competencia exclusiva de la UE», reitera el documento.

Responsabilidad política

El texto no recoge, sin embargo, medidas concretas. No señala en qué aspectos -derechos históricos si o no, hasta dónde el tope de ayudas (camping), cómo se define el agricultor genuino, que explotaciones son las prioritarias, etc- la unidad del sector es más fuerte y dónde podría resquebrajarse. Quizá porque ese es el papel que corresponde a los representantes políticos, en concreto al ministro de Agricultura y a los consejeros de ramo de cada una de las comunidades autónomas españolas.

A su responsabilidad apela el documento, «para que sean conscientes del momento histórico y tengan visión estratégica por el bien de nuestra sociedad y de las generaciones futuras», señalan en el pacto de unidad.

Porque advierten: «Debilitar la única política realmente integrada en la Unión no es construir más Europa, sino optar por decisiones y medidas cosméticas que no servirán para hacer frente a los importantes retos que hay que afrontar».

De momento, sin embargo, España no tiene una propuesta conjunta avalada por todas sus regiones y con la que poner influir en el futuro diseño de la nueva reforma de la PAC.

Lejos de una propuesta de consenso entre el Gobierno y las Comunidades

Asegura el ministro de Agricultura, Luis Planas, que la negociación de la futura PAC es «su principal prioridad» para los próximos meses. Una política agraria que considera que «debe ser ambiciosa y disponer de un presupuesto suficiente». Para conseguirlo, y lograr además que la reforma ponga especialmente el foco en asegurar la rentabilidad de las explotaciones y en la incorporación de jóvenes y mujeres, el ministro de Agricultura sabe que «solo el trabajo conjunto con el sector y las comunidades autónomas hará posible que la postura española ante las negociaciones del marco financiero plurianual y del paquete legislativo de la PAC sea más efectiva».

Agradece por eso el documento en el que las organizaciones agrarias del país y Cooperativas Agroalimentarias han plasmado con su firma el apoyo expreso a una propuesta de posición común para la reforma de la Política Agraria Común 2020.

Pero no lo tiene tan fácil con los consejeros autonómicos del ramo, a los que presentó, durante la última reunión del comité consultivo, una propuesta que define la posición española en la primera fase de negociación de la PAC -ya a las puertas- y en la se debatirá el contenido de las propuestas legales presentadas por la Comisión.

Ni siquiera se sometió a votación. No parece haber demasiado consenso, porque son varias las voces que se han alzado para dejar claro que el documento contiene demasiadas generalidades, o si se prefiere, no recoge medidas concretas, más allá de pelear por mantener el presupuesto, como mínimo.

Una de esas voces es la Joaquín Olona, el consejero de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón. Olona valora «favorablemente» el texto, pero lo considera «todavía insuficiente de cara a lo que defendemos desde Aragón», donde precisamente existe un pacto firmado cinco de los siete partidos con representación en el Parlamento aragonés (PSOE, Ciudadanos, Podemos, Izquierda Unida y Chunta) y dos de las organizaciones que representan al sector (UAGA y UPA) que, como insiste el consejero, «va mucho más allá».

El titular de la política agraria aragonesa quiere concreción, y así se lo ha trasladado al ministro, en la postura conjunta con la que España se presentará en Bruselas. Y para eso, considera, «ha que presentar propuestas concretas a los artículos que se quieren modificar».

Ha comenzado la cuenta atrás

La cuenta atrás para que Bruselas apruebe una nueva reforma que regirá la Política Agraria Común a partir de 2020 ya ha comenzado. Y en el calendario del ministro de Agricultura ya están señaladas «las dos fases» en las que se van a desarrollar las negociaciones. Una primera -que ya ha comenzado- se alargará hasta el mes de mayo del próximo año, en el que se reunirá el Consejo Europa que aprobará definitivamente las perspectivas financieras -léase presupuesto- de la UE, y el último pleno del Parlamento Europeo.

La segunda fase se desarrollará en tierra española, y comenzará, según el ministro, una vez que se haya alcanzado un acuerdo con la UE, porque entonces será el momento de establecer las modalidades de aplicación de la nueva PAC en España. Ch. G.

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