El Partido Popular anunció ayer que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la Ley de Actualización de Derechos Históricos, que sacaron adelante en las Cortes PSOE, CHA, IU y el PAR, si no lo hace el Gobierno central. La portavoz del PP de las Cortes, Mar Vaquero, defendió que la norma es contraria a la Constitución y al Derecho Comunitario y que modifica once artículos del Estatuto de Autonomía, los mismos argumentos que sostuvo Ramiro Domínguez, de Ciudadanos, las dos formaciones que votaron en contra de la nueva norma. Los partidos políticos que sí la aprobaron continúan sosteniendo que es legal y ratifican su apoyo.

Tres meses tiene el Gobierno central para decidir si recurre o no la polémica ley. Si en ese tiempo no ha tomado la iniciativa, Vaquero anunció que su grupo en el Congreso activará el proceso para llevarla al Constitucional pues cuenta con los 50 diputados que son necesarios para hacerlo.

El PP se posicionó en contra de la ley de derechos históricos, aunque participó en la ponencia, presentó enmiendas y dejó claro que no compartía los criterios. Pero la norma salió adelante. "No nos extraña de CHA, de Podemos, de IU, pero sí nos llama la atención del PSOE", censuró Vaquero, que subrayó: "A Javier Lambán le ha sobrepasado la aprobación de la ley. No ha profundizado en las consecuencias y se la han colado". Y fue más allá al criticar al presidente de Aragón por "no defender el Estatuto de Autonomía ni la Constitución".

No comparte en absoluto estos argumentos el portavoz del PSOE en las Cortes, Javier Sada, que hizo hincapié en que "es incuestionable el compromiso del PSOE Aragón y del Gobierno en la construcción y desarrollo de España". Bajo esta premisa, Sada considera que su partido tiene "legitimidad" para reivindicar que Aragón juegue un papel activo en la construcción del país con la "afirmación y reivindicación de nuestros derechos históricos, reflejados en la propia Constitución y en el Estatuto de Autonomía". Citó, entre otros conceptos, la foralidad, la financiación autonómica y la bilateralidad, que son algunos aspectos cuya constitucionalidad cuestionan los informes del letrado de las Cortes y del Gobierno. Aunque está convencido de que la ley está dentro de la Constitución, Sada explicó que si llega a los tribunales, el PSOE se "someterá como siempre ha hecho, a las decisiones judiciales".

Pero hoy por hoy, el futuro de la ley está en entredicho. "Tenía que salir y ha salido. Había un pacto, pero no voluntad para cambiar artículos", explicó Domínguez, de Ciudadanos, que aseguró que el letrado, desde el primer momento, fue realizando advertencias que no se tenían en cuenta. Algo que contrasta con lo que está ocurriendo con la futura ley de memoria democrática en la que sí se aceptan las sugerencias. Para Domínguez, la ley de derechos históricos es una "aberración" y si su formación tuviera suficientes diputados en el_Congreso, ya la habría recurrido.

La podemista Maru Díaz advirtió de que "es habitual que, cuando se elabora una ley, haya advertencias de los letrados, por el simple modelo de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, pero eso no quiere decir que la norma sea inconstitucional". La aragonesista María Herrero también señaló que "hay otras interpretaciones posibles" a las de los informes y añadió que en ningún caso es un "acto de rebeldía porque el PAR es un partido constitucionalista". También la diputada de IU, Patricia Luquin, indicó que "hay muchas leyes con reparos y la obligación legal del letrado es advertir, pero la decisión última es del diputado". En este caso entendió que "se ajustaba a derecho". Durante la jornada de ayer no fue posible recabar la opinión de Gregorio Briz (CHA), impulsor de la ley.