El rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, criticó este miércoles que la nueva ley de contratos públicos que está retrasando y paralizando los proyectos de investigación se elaborara sin consultar a los organismos que la iban a aplicar y, sobre todo, sin dar un periodo transitorio para poder adaptar las estructuras de compra a la normativa. Aseguró que «con el tiempo» se podrá trabajar con ella si se introducen algunos «retoques» como descentralizar las unidades de compra de la entidad académica como un todo a cada uno de los institutos de investigación.

Mayoral salió así al paso de la recogida de firmas que acaba de lanzar un grupo de científicos aragoneses para que no se les aplique esta regulación. «No se pueden cambiar las reglas de juego de hoy para mañana con una publicación en el Boletín Oficial del Estado sin un periodo de transición», criticó.

Acerca de uno de los principales obstáculos, el hecho de que la Universidad no pueda gastar más de 15.000 euros anuales por proveedor, una cantidad que se queda a todas luces escasa ya que se calcula en el global del campus, recordó que se va a ampliar a 50.000 euros.

Una tema polémico es si cabe la posibilidad de que las adquisiciones las gestionen centrales más pequeñas como los distintos departamentos, los institutos de investigación o cada proyecto concreto. El rector se mostró tajante y explicó que se han hecho consultas a la Cámara de Cuentas en este sentido y «la respuesta es que no es legal» actualmente. Reconoció que el día a día de los equipos de investigación está «superburocratizado» y dijo que está sensibilizado con este tema porque es un afectado más.

La CRUE (Conferencia de Rectores de la Universidades Españolaes) se reunirá mañana en Cádiz y uno de los temas principales que se tratarán en el orden del día es esta nueva ley de contratos públicos que entró en vigor el pasado 9 de marzo.

Misiva de Alegría a Calviño

Por su parte, la consejera de Investigación, Innovación y Universidad del Gobierno aragonés, Pilar Alegría, ya trasladó la semana pasada a través de una carta su inquietud por este tema a la ministra de Economía Nadia Calviño y la necesidad de encontrar «una solución».

La preocupación de la comunidad científica por el impacto de la normativa nacional era una de las cuestiones que se abordaban en una misiva en la que se incluían otros temas relativos a la Sociedad de la Información y la agenda digital.

En el escrito, Alegría manifestó a Calviño que desde el punto de vista de la «optimización de la gestión» compartía el espíritu de la ley, pero que su aplicación estaba generando problemas en la compra de equipamientos y suministros para organismos públicos y provocando una «parálisis nada deseable en importantes proyectos de investigación». La consejera de Universidad espera tener la oportunidad de trasladar en persona también esta problemática al ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque.

Hay que recordar que la DGA decidió, a propuesta del consejero de Presidencia, Vicente Guillén, interponer un recurso de inconstitucionalidad frente a esta regulación?al entender que deja a la Administración en una posición de clara desventaja frente al contratista.