Un gran fraude con amaños en contratos de tráfico salpica a las policías de Huesca y Teruel

Alberto Edroso, el intendente de Huesca, fue detenido y puesto en libertad, y existe una orden de arresto contra el exjefe de Teruel, Santiago Hernández.

Agentes de la Policía Nacional en la entrada del Ayuntamiento de Teruel el martes por la mañana.
Agentes de la Policía Nacional en la entrada del Ayuntamiento de Teruel el martes por la mañana.
Antonio García

Una investigación desarrollada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción se ha saldado en Aragón con los registros de los ayuntamientos de Huesca y Teruel, la detención del jefe de la Policía Local de la capital oscense, Alberto Edroso, y una orden de arresto contra el exintendente turolense, Santiago Hernández. La denominada operación Enredadera investiga una trama de corrupción en contratos administrativos vinculados a la gestión policial y más concretamente de programas informáticos asociados a la seguridad vial y a la tramitación de las multas. En el punto de mira está Aplicaciones Gespol S. L., una sociedad integrada en el Grupo Sacyr.

Edroso, que por la tarde ya estaba en libertad, y Hernández, que no pudo ser localizado al encontrarse de vacaciones en Roma, tienen en común ser presidente y exvicepresidente en Aragón de Unijepol (Unión de Jefes y Directivos de Policía Local de España). Hay otros intendentes arrestados en el marco de esta operación, que se ha saldado con 39 detenidos entre concejales y cargos policiales.

Los registros en los dos ayuntamientos se iniciaron simultáneamente, en torno a las 9.00. En Huesca, los agentes de la Policía Nacional llegaron al parquin en dos coches camuflados, acompañados de Alberto Edroso, y permanecieron allí durante cuatro horas. Solicitaron documentación tanto en la secretaría como en la Unidad de Contratación. El trabajo policial se desarrolló con discreción y pasó casi desapercibido para concejales, empleados y el público que acudía al Ayuntamiento.

Ningún concejal quiso hacer declaraciones (el alcalde estaba en Madrid en una reunión con la ministra de Defensa). En una nota de prensa, el Ayuntamiento mostró su máxima colaboración con la Policía Nacional y dijo que "ha estado a su disposición para facilitar la información y la documentación requeridas".

A las 13.00, la comitiva se dirigió a las dependencias de la Policía Local y posteriormente a la comisaría del Cuerpo Nacional, a la que trasladaron a Alberto Edroso para prestar declaración a las 14.45. Este fue puesto en libertad en torno a las 16.00.

El Ayuntamiento de Huesca no tenía constancia de ningún contrato con Aplicaciones Gespol. El intendente ha colaborado en todo momento con los investigadores. Fuentes cercanas al caso han comentado que buscaban contratos desde 2010 y no solo de Gespol, sino también de otras sociedades del grupo Sacyr. Al parecer, la investigación se centraría en contratos menores (hasta 15.000 o 18.000 €, según la normativa de aplicación en distintos años) que no pasan por la Mesa de Contratación. En estos casos, el jefe del área redacta un informe de necesidad (si es un asunto de tráfico, lo haría el intendente), luego se convoca a tres empresas para participar y hay un nuevo informe sobre la mejor oferta.

Desalojo en Teruel

En Teruel, la Policía Nacional ordenó el desalojo de la mayor parte de los funcionarios del Ayuntamiento y requirió información relativa a una serie de empresas para ver si estas habían sido contratadas por el Consistorio. Al término de esta actuación policial, que se prolongó hasta las 13.30, la alcaldesa, Emma Buj, compareció en rueda de prensa y aseguró que "ninguna" de esas compañías ha mantenido relación contractual o económica con el Ayuntamiento.

Buj recomendó "prudencia" al hablar sobre la orden de detención que pesa sobre el exjefe de la Policía Local, Santiago Hernández, aunque a renglón seguido subrayó que "si alguien en el Ayuntamiento de Teruel ha hecho algo, que lo pague; que caiga sobre él la justicia". La alcaldesa resaltó, además, que la colaboración del Ayuntamiento con la investigación de la Policía había sido "absoluta" en todo momento.

Los agentes de la UDEF se trasladaron después a la sede de la Policía Local para averiguar si esta unidad pudo tener alguna vinculación con las empresas que están siendo investigadas, ya que en el caso de contratos menores estos pueden ser suscritos por el jefe de cada área municipal, bajo su propia firma y responsabilidad. Según explicó Buj, también presente en el registro de las dependencias policiales, la UDEF habría hecho copias de la documentación encontrada en formato papel que ahora tendrá que ser analizada para saber si encierra, o no, algún tipo de irregularidad. El equipo de investigación revisó también los ordenadores de la Policía Local.

Buj indicó que nunca tuvo conocimiento de ninguna práctica delictiva por parte del antiguo intendente, ya que, de lo contrario, "la habría denunciado" y destacó que "estamos hablando de una persona que ya no está en activo en el Ayuntamiento; hay que esperar a ver qué sucede".

El registro, iniciado por un policía de paisano al que siguieron varios uniformados, sorprendió a los funcionarios. La actuación se produjo en una ciudad en fiestas y, por tanto, con más población de lo habitual. Muchos viandantes se mostraban desconcertados ante la gran actividad policial.

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