Tercer Milenio

En colaboración con ITA

"Después de 9 meses no tenemos espectrómetro"

Los investigadores Juan Ramón Castillo y Peña Ormad cuentan las trabas que se encuentran en su proyecto europeo derivadas de la aplicación de la nueva ley de contratos.

Juan Ramón Castillo y Peña Ormad, en el salón de actos donde se celebró la asamblea de investigadores este martes.
Juan Ramón Castillo y Peña Ormad, en el salón de actos donde se celebró la asamblea de investigadores este martes.
Raquel Labodía

"La ley está pensada fundamentalmente para contratos de obras y servicios de la administración pública y la investigación no responde a eso. Tendría que haber una aplicación específica de una ley de contratos para todo el tema de investigación. Que se ganen el sueldo los señores del Parlamento".

Esta es la queja que expresaba ayer Juan Ramón Castillo, impulsor del Instituto de Investigación en Ciencias Ambientales (IUCA), que asistió ayer a la asamblea en el campus Río Ebro. Es investigador principal de dos proyectos europeos que, relató, llevan nueve meses de retraso ante la imposibilidad de comprar un espectrómetro de masas "absolutamente imprescindible" para proseguir las tareas.

"Tenemos muchísimas dificultades para conseguir el material fungible y los reactivos. Desde el mes de octubre no hemos dejado de hacer papeles y papeles, pero no sabemos nada del espectómetro. Empezamos en octubre, pero como eran fondos Feder nos los pararon porque se veía venir la ley de marzo", explicó Castillo. Asimismo alertó de que si antes del próximo octubre no tienen instalado este instrumento en la Universidad se generará un "gravísimo problema" y la única solución será "pedir una prórroga de un año".

Uno de los proyectos que lidera este doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Zaragoza es Outbiotics, que se centra en eliminar o reducir considerablemente los antibióticos en las aguas de río. Para ello tienen que identificar la presencia de antibióticos en la margen izquierda del Ebro, el Cantábrico y la parte francesa de los Pirineos.

Otra investigadora principal de Outbiotics, Peña Ormad, puso otro ejemplo de las consecuencias de la aplicación de esta normativa. "El reactivo antibiótico que necesitamos no pudimos comprarlo al suministrador habitual porque ya había llegado al límite de los 15.000 euros. Para poder continuar tuvimos que recurrir a otro que lo adquiere al primero y el precio nos aumentó en un 50%, de 2.000 a 3.000 euros", manifestó. "Me parece una vergüenza tener que hacer este gasto extra y restarlo al final de otras partidas", criticó Ormad.

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