El real decreto 16/2012, cuya modificación o derogación plantea ahora el nuevo Gobierno del PSOE, no solo dejó sin cobertura sanitaria a los inmigrantes en una situación administrativa irregular. También limitó la asistencia a otros colectivos. Entre ellos, a muchos jóvenes españoles que cuando cumplen 26 años pierden la condición de beneficiario de la cartilla sanitaria de sus padres y si no han cotizado, deben pagar su asistencia. Actualmente, más de 8.000 jóvenes aragoneses inactivos (estudiantes o no) podrían estar en esta situación. A estos habría que sumar aquellos que se han ido fuera de España durante más de tres meses y a los que también se inutiliza su tarjeta.

Tanto el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la ministra de Sanidad, Carmen Montón, han anunciado su intención de cambiar el decreto de abril de 2012 de medidas urgentes, que el anterior Gobierno de España aprobó con el objetivo de ahorrar hasta 7.000 millones de euros en sanidad. La principal novedad de esta normativa es que cambia el concepto de beneficiario de la sanidad, ya que pasa de ser un "derecho como ciudadano español" a ser un "derecho como asegurado" de la Seguridad Social.

Así, por ejemplo, pone un límite de edad de 26 años a los descendientes para que puedan acogerse como beneficiarios a la cartilla de un familiar. No tiene en cuenta que en la actualidad hay miles de jóvenes que han alargado la carrera, han decidido completar sus estudios, preparan una oposición o están sin trabajar.

Ante la polémica y las duras críticas generadas, el Gobierno tuvo que poner parches al decreto para intentar dar cobertura a los colectivos que quedaban desamparados o en el limbo. Incluyó, por ejemplo, la posibilidad de que los jóvenes de más de 26 años se dirijan al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para acreditar su falta de ingresos y poder recuperar la tarjeta sanitaria. Oficialmente, inscribirse como demandante de empleo sería una manera de justificarlo.

Pero el hecho es que sin este trámite administrativo extra estos jóvenes quedan sin una cobertura sanitaria completa y gratuita y tienen que pagar para conseguirla. Por ello, algunos incluso han optado por seguros privados para garantizarse la asistencia.

Desde el Instituto Nacional de la Seguridad Social no se han facilitado datos de cuántos aragoneses se habrían quedado sin tarjeta sanitaria al cumplir 26 años y no haber cotizado. No obstante, según las estadísticas del Instituto Aragonés de Estadística (Iaest), hay más de 8.000 jóvenes de entre 25 y 29 años que están inactivos (estudiantes o no). Habría que sumar otros grupos de edad y otros muchos aragoneses que llevan más de tres meses fuera de España y se quedan sin tarjeta.

Sorpresa de muchos jóvenes

El miembro del secretariado del Consejo Aragonés de la Juventud Juan Carlos González reconoce la "sorpresa" de muchos jóvenes mayores que no trabajan ni han cotizado, cuando se dan cuenta de la posibilidad de poder quedarse sin sanidad pública. Algunos reciben una carta en casa de sus padres informándoles.

Asegura que ese real decreto obliga a los jóvenes a "precarizarse" aceptando cualquier empleo para así cotizar y conseguir una cobertura sanitaria. "Está claro que acentúa la precariedad", subraya González.

El miembro del Consejo Aragonés de la Juventud confía en el "importante paso" que ha anunciado el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez de volver a la sanidad gratuita y universal, aunque reconoce que este debería ir acompañado de otras medidas que también pueden ayudar a mejorar la situación económica y laboral de muchos jóvenes españoles. "La reforma laboral también tendría que derogarse", subraya González.

Aunque su trabajo ha estado centrado en defender a la población inmigrante en situación irregular frente a las restricciones de esta norma, desde la Plataforma Salud Universal admiten que el real decreto 16/2012 es "injusto" y perjudica a otros muchos colectivos, incluidos los jóvenes mayores de 26 años que no cotizan o aquellos que se van fuera de España tres meses y pierden su tarjeta sanitaria.

La organización considera que la única posibilidad de garantizar la cobertura sanitaria gratuita es que se vuelva a considerar la atención sanitaria como un derecho del ciudadano y se establezca de nuevo el concepto de sanidad universal.