Tras cinco años de un enmarañado proceso judicial, el Tribunal Supremo ha truncado de forma definitiva los esfuerzos de los pueblos aragoneses que trataban de impedir la explotación de la controvertida mina de Borobia.

El Alto Tribunal ha hablado y ha desestimado el recurso de casación que habían presentado 15 localidades de la provincia de Zaragoza. Era su última posibilidad por esta vía y aspiraban a que el Supremo revocase la sentencia dictada en marzo de 2017 por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Aquella vez se desestimaron de un plumazo y por una cuestión de forma todos los recursos presentados por 24 pueblos de las comarcas Comunidad de Calatayud y del Aranda.

Ese mismo error de forma -no subsanado, según exponen los magistrados-, es también el que ha motivado esta última sentencia, de modo que en cinco años ningún tribunal ha llegado a entrar a valorar los argumentos que blandían estos pueblos en contra de la explotación de la mina por parte de Magnesitas y Dolomías de Borobia S. L.

El abogado de la compañía, Clemente Sánchez-Garnica, centró su estrategia en que ninguno de los 24 municipios encargó un informe a su secretario municipal o asesoría jurísica antes de adoptar la decisión, o en Pleno o por decreto del alcalde, de presentar dicho recurso. Informe que el Supremo considera imprescindible para garantizar un "buen asesoramiento en derecho a la corporación local".

José Manuel Marraco, el abogado de la Coordinadora de Municipios Afectados por la Mina de Borobia, califica de "decepcionante" la sentencia: "Se queda en la forma y no entra a valorar el fondo, que es la cuestión medioambiental y la defensa de un bien que nos afecta a todos: el agua", esgrime el letrado especializado en Derecho Ambiental.

Sin embargo, Sánchez-Garnica defiende que las alegaciones presentadas por los 24 municipios en contra de la concesión de explotación de la mina eran "prácticamente iguales" a las que presentaron en su día en otros dos recursos tanto el Gobierno de Aragón como la Plataforma en Defensa del Agua y la Tierra y que solo fueron estimados en la parte referida a la extensión de la concesión y no en las relativas a posibles afecciones medioambientales. "Con esta sentencia se confirma la legalidad de la mina de Borobia y, por tanto, de su apertura y de la explotación de la magnesita", asegura el abogado de la empresa interesada.

Manuel Morte, alcalde de Moros y presidente de la Coordinadora, critica que la sentencia les hace sentirse "totalmente indefensos" y advierte de que los municipios del entorno seguirán "vigilantes" ante cualquier indicio de afección a la calidad del agua. A día de hoy todavía tienen pendiente un recurso presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón contra los permisos otorgados por la CHE a la compañía para llevar a cabo vertidos y sondeos.