El pasado 1 de junio, el comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, presentaba los textos legislativos con los que Bruselas quiere diseñar la nueva Política Agraria Común (PAC) que regirá a partir de 2020. Y destapó la caja de los truenos. Porque las propuestas lanzadas, que dibujan una política agraria menos común que nunca, han desatado las críticas más airadas por parte de los representantes políticos y agrarios, que han respondido con un unánime ‘no’ a las pretensiones de la Comisión Europea.

El presupuesto, a la baja y marcado por el ‘brexit’, es la primera y principal preocupación. Ya se había filtrado que la caja de la futura PAC llegará mermada, pero ahora se sabe que, según los planteamientos anunciados, el recorte será del 3,5% en los pagos directos que llegan a España, un porcentaje que se eleva hasta el 15% si se habla de las disponibilidades económicas con las que contarán las políticas dedicadas al desarrollo rural.

Las cifras no gustan en Aragón El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, las califica de «varapalo» y de «mala noticia» y asegura que el tijeratazo no es el que cuantifica la UE sino superior. De hecho, según los cálculos de su Departamento, el recorte se eleva al 10,61%, y el primer pilar vería reducida su asignación un 7,30% y la asignación del segundo pilar se reduciría nada menos que un 20,86%.

Olona afirma además sentirse «totalmente decepcionado» con los textos legislativos presentados por Hogan. «Vienen a hablar de lo mismo», señala, y lamenta que no contemplen una reforma en profundidad «como la que planteamos en Aragón», porque sin ella, dice el consejero, es imposible terminar con los agravios que suponen los derechos históricos.

Las cifras no son el único aspecto de la nueva PAC que preocupa al sector agrario aragonés, en particular, y español en general. Contundentes son las críticas hacia una posible renacionalización que favorezca la confección de trajes a medida para cada país. Sus representantes lamentan, además, que la única aportación para priorizar las ayudas se haya quedado en un cambio de denominación y lo que antes era agricultor activo ahora se ha convertido en agricultor genuino. Además critican de forma contundente, entre otros aspectos, que la propuesta de la Comisión añada mayor complejidad a la condicionalidad de los pagos directos, es decir, a las medidas agroambientales que deben cumplir los perceptores para recibir sus ayudas.

Para añadir mayor expectación a la situación, la presentación de estos textos se producía casi en el mismo momento en el que España vivía un cambio de inquilino en la Moncloa, el socialista Pedro Sánchez. Con él ha llegado un nuevo titular de Agricultura, Luis Planas, del que se reconoce su conocimiento de la política agraria y de los entresijos de la UE, pero del que no se sabe, de momento, qué postura mantendrá en las decisivas negociaciones de la PAC.

Puede que en una primera lectura la PAC de 2020 no parezca tan indeseable como la pintan, pero cuando uno se sumerge en la letra pequeña surge la indignación. Es lo que piensa UAGA- COAG, que asegura que los textos presentados sientan las bases «para dinamitar la única política común de la UE». Un argumento que la organización agraria que lidera en Aragón José Manuel Penella justifica calificando de «grave error estratégico de consecuencias imprevisibles» los planes estratégicos nacionales, el principal cambio de la arquitectura de la PAC con los que, según el sindicato, se habilita a los Estados miembros a establecer su propio marco legal para la concesión de las ayudas agrarias. «Llevado al extremo, este cambio podría desembocar en cientos de ‘mini-PAC’ regionales». Y estas, advierten, podrían provocar serias distorsiones entre rentas agrarias y agricultores de distintos países.

UAGA-COAG lamenta también que el único avance de la futura política agraria de la UE para priorizar las ayudas directas sea cambiar el apellido a los destinatarios. No se habla ahora de agricultor activo, por el que tanto peleó esta organización, sino que se hace referencia al agricultor genuino. Un cambio de nombre que el sindicato rechaza «porque introduce confusión» y ante el que plantea la recuperación de la iniciativa propuesta en la reforma de 2013 para identificar a aquellos titulares que desarrollan una actividad agraria significativa, de forma personal y directa y cuya renta depende en un porcentaje apreciable de la misma.

Los nuevos requisitos de condicionalidad para acceder a los pagos directos también reciben la crítica de UAGA-COAG. «Lo que no tiene sentido es que se establezca una nueva capa denominada eco-esquema, que añade complejidad y duplicidad a la labor medioambiental de los agricultores».

Pero son los recortes presupuestarios los que despiertan mayor indignación entre los responsables de esta organización agraria. Consideran que «no es de recibo» que se planteen mayores exigencias medioambientales y de estándares de calidad y seguridad alimentaria y, al mismo tiempo, se propongan recortes presupuestarios «que, sumados a la pérdida poder adquisitivo por efecto de la inflación, pueden alcanzar el 16,6%», muy lejos de ese 3,5% de los que habla Europa.

No todos son críticas. El sindicato también encuentra aspectos positivos en la propuesta de Hogan, entre ellos el establecimiento de un techo para las ayudas directas, el pago redistribuitivo a la renta o el sistema de asesoramiento, que esperan que se enfoque en el desarrollo del modelo social y profesional de agricultura mayoritario en Europa «y en ningún caso al fomento de macro-explotaciones y sistemas de integración, que desplazan a los profesionales implantando un modelo de agricultura sin agricultores».

Inaceptable

Insiste Asaja Aragón en que la próxima reforma de la PAC, y el presupuesto que a ella se designe, es una de las principales preocupaciones del sector agrario aragonés. Por eso, sus representantes han viajado hasta Bruselas para trasladar a las distintas instituciones comunitarias la necesidad de modificar las intenciones de Hogan. Una propuesta que el secretario general de Asaja Aragón, Ángel Samper, tacha de «inaceptable», porque afecta al carácter común de la PAC y, además, le añade una mayor complejidad administrativa.

Samper asegura que su organización comparte los objetivos que plantea la nueva PAC en lo que se refiere a «la mejora de la competitividad, el apoyo a la renta, a la alimentación y salud, el empleo y crecimiento de las zonas rurales, los jóvenes, la biodiversidad, sostenibilidad, mitigación y cambio climático y la cadena alimentaria». Y valora también que se defienda la utilidad del primer pilar como apoyo a la renta y al asentamiento del medio rural. Pero considera que «la nueva arquitectura medioambiental, restará eficiencia a la actividad en las explotaciones agrícolas y ganaderas».

'Más preocupación'

La organización agraria que dirige José Manuel Roche en Aragón lamenta que «el artificio» presentado por Hogan no ha hecho más que añadir preocupación al sector agrario. Porque, según UPA, la propuesta llega sin un compromiso presupuestario cerrado y lo único que deja claro es «el empeño de Hogan en recortar sus fondos».

Y no solo hay preocupación. Hay también confusión, asegura UPA, que recuerda que «nos habían prometido una simplificación, pero lo que nos presentan ahora hará más compleja la PAC». De hecho los responsables de este sindicato advierten de que ejecutar la nueva política será más difícil tanto para los profesionales del campo como para la Administración.

Pero lo que más ha airado a los líderes de esta organización agraria es la insistencia del reglamento comunitario en la renacionalización, un hecho que califican de «gravísimo», porque supone «una pérdida de identidad para la Unión como potencia agraria». En su opinión, con los planes estratégicos a elaborar por los Estados miembros se debilitaría aún más el concepto de política «común».

Entre todas esas sombras, la propuesta de Hogan también tiene alguna luz para UPA. En su opinión, «es una buena noticia» el avance en la definición de agricultor genuino, aunque considera que «dado el reparto de ayudas de nuestro país» queda mucho camino por recorrer para mejorar y concretar este concepto. Eso sí, mientras se avanza en esta figura, la organización se felicita de que «solo» puedan acceder a los pagos directos aquellas personas cuyo futuro depende de una manera importante de la actividad agrícola.

Nuevo inquilino en Agricultura

El sector agrario aragonés mira hacia Europa, pero no pierde de vista al Ministerio de Agricultura. Menos ahora que ha cambiado de titular. Una moción de censura ha llevado hasta la Moncloa al socialista Pedro Sánchez, que ha decidido rescatar del Consejo Económico y Social Europeo al que hasta ahora era su secretario general, Luis Planas, para que ocupe el departamento que hasta ahora lideraba Isabel García Tejerina.

Aragón ha recibido «expectante» el nombramiento, porque aunque ni el consejero ni los representantes de las organizaciones agrarias -a excepción de Roche, que coincidió con él en el CESE (Consejo Económico y Social Europeo)- conocen personalmente a Planas, aunque las referencias que les han llegado hablan de una persona cordial, dialogante, que tiene un experto conocimiento de la política agraria y de los entresijos de la Unión Europea y su burocracia. Lo que no se sabe (todavía) es cuál será la postura que el ministro mantendrán ante unas negociaciones de la PAC que se prevén duras e intensas y en las que Aragón espera que «por una vez España tenga capacidad para influir en el diseño de la nueva PAC».

Mejor orientación para un trato justo. Los pagos directos se reducirán a 60.000 euros y se limitarán en el caso de los pagos superiores a los 100.00 euros, y para ello se tendrá en cuenta la mano de obra generada por el perceptor. Los países de la UE tendrán que garantizar un mayor nivel de pago por hectárea para las explotaciones pequeñas y medianas y se destinará un mínimo del 2% de los pagos directos de apoyo asignados a cada país miembro para los jóvenes agricultores, un porcentaje que puede incluir un aumento de la ‘ayuda a la instalación’ de hasta 100.000 euros. Se introduce la figura del agricultor genuino (antes conocido como agricultor activo), y es a estos profesionales a los que los países de la UE tienen que garantizar las ayudas. Mayor ambición en la acción climática y ambiental. Los textos legislativos de la nueva PAC incluyen nuevas obligaciones para los agricultores. Entre ellas destacan la preservación de los suelos ricos en carbono mediante la protección de humedales o turberas, la utilización de una herramienta de gestión de nutrientes obligatoria para mejorar la calidad del agua, así como con la rotación de cultivos y la reducción de los niveles reducir los niveles de amoníaco y óxido nitroso. Además, cada país tendrá que establecer programa ecológicos para ayudar e incentivar a los agricultores a realizar prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio natural más alla de los requisitos que ya son obligatorios en esta materia.Para ello, al menos el 30% de cada asignación nacional para desarrollo rural tendrá que dedicarse a medidas medioambientales y climáticas y será posible, también para este fin, además de poder transferir un 15% del presupuesto de un pilar a otro, será posible dedicar otro 15% del primer pilar (ayudas directas) al segundo pilar (desarrollo rural). El objetivo de la nueva PAC es que un 40% del presupuesto total de esta política contribuya a la acción por el clima.

Una agricultura moderna, tecnológica e innovadora. Bruselas quiere que el sector haga un mayor uso del conocimiento y la innovación. Y para ello plantea una serie de objetivos. Espera un presupuesto específico de 10.000 millones de euros del programa de investigación de la UE ‘Horizonte 2020’, para investigación e innovación en alimentación, agricultura, desarrollo rural y bioeconomía. La asociación de innovación agrícola europea seguirá reuniendo las fuentes de financiación de Horizon Europe y el desarrollo rural para fomentar la agricultura y la silvicultura competitivas y sostenibles. Propone además que cada Estado miembro fomente el uso de los macrodatos y las nuevas tecnologías con fines de control y verificación, es decir, que se utilice, por ejemplo, los datos por satélite de las dimensiones de las explotaciones utilizadas en la verificaciones de las solicitudes de pago directo, para reducir de forma significativa la necesidad de realizar controles sobre el terreno. Y se apuesta además por una aceleración del proceso digitalización de la vida rural. Para ello se defiende la expansión de la banda ancha en las zonas rurales tanto para mejorar la calidad de vida de las regiones como para contribuir a elevar la competitividad de la producción agrícola europea. Flexibilidad y mayor libertad. Los textos legislativos de la Comisión Europea hablan de un sistema más flexible, simplificado y modernizado con el que se abrirá la posibilidad de diseñar programas ‘a medida’ que respondan más eficazmente a las preocupaciones de los agricultores y de los países miembros. Atrás quedará ese enfoque «de talla única» que dará paso a una mayor libertada para los Estados de la Unión, a los que se permitirá decidir sobre el camino que cada uno debe tomar para alcanzar los objetivos comunes establecidos a nivel de la UE y para responder mejor a las necesidades de sus agricultores y sus comunidades rurales.Habrá, eso sí, un único conjunto de objetivos comunes de la PAC, pero esta establecerá una amplia caja de herramientas de medidas a y medidas que determinará qué es lo que pueden hacer cada estado con el dinero que tenga asignado. De esto modo, cada país será libre para elegir las medidas específicas que considere más efectivas para resolver sus necesidades y satisfacer las demandas del sector.

Pero para que no se pierda el carácter comunitario se acordará un conjunto común de indicadores de resultados que permitan garantizar la igualdad de condiciones en la evaluación de la eficacia de las medidas utilizadas y además la Comisión Europea seguirá de cerca el rendimiento de cada país y los progresos realizados, o los defectos cometidos para alcanzar las metas establecidas en la nueva PAC.

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