Rafael Romeo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro entre 2008 y 2012, y Rafael Izquierdo, director del Instituto Aragonés del Agua entre 2008 y 2010, negaron ayer desvíos de fondos en la ejecución del plan de depuración de Aragón.

El primero admitió en la comisión de investigación sobre depuración y saneamiento de las Cortes que el convenio de interés general del Pirineo se utilizó "para realizar otras obras en Aragón". Pero esto, precisó el segundo, no puede ser tachado de desvío, ya que el objeto del acuerdo suscrito con el Ministerio contemplaba proyectos de interés general "y todos aquellos que aparecían en los anexos".

Ambos aludieron al interventor general del Estado. "No hay pago o certificación que se hiciese sin que él la fiscalizase previamente. Si no se cumplían los requisitos no se daba autorización", señaló el expresidente de la CHE.

La comisión también profundizó en los retrasos de la llamada zona 03, circunscrita a la provincia de Huesca. Juan Luis Recio, adjudicatario de obra de esta zona desde 2011, los achacó a la crisis económica y a la falta de disponibilidad de los terrenos. Según sus palabras, la paralización de los trabajos y las hasta seis prórrogas solicitadas obedecieron a este último motivo. "No fue un tema de beneficios", recalcó.

Los grupos políticos, representados por Patricia Luquin (Grupo Mixto), Jesús Sansó (Ciudadanos), María Herrero (PAR), Marta de Santos (Podemos), Isabel García Muñoz (PSOE) y Fernando Ledesma (PP), también preguntaron al respecto al expresidente de la CHE. Pese a reconocer que la crisis hizo que el Gobierno central no pudiese cumplir las anualidades, subrayó que en su periodo "se cumplieron todos los objetivos", así como que la Confederación "simplemente analizaba los proyectos". "Era la Comunidad quien decidía cómo dimensionar la depuradora y qué técnicas utilizar", manifestó.

El modelo público-privado también salió a colación. Izquierdo defendió que "Aragón no tenía los fondos necesarios para esa cantidad ingente de obras". "Hubiera tardado entre 30 y 40 años dedicando todo su presupuesto a construirlas", justificó. Por su parte, Julio Sánchez, asesor de contratación del Gobierno de Aragón, opinó que el sistema de concesión "no es de derechas ni de izquierdas". Defendió, asimismo, la "pulcritud y el buen hacer del Instituto Aragonés del Agua".

Más polémicas fueron las declaraciones de Carlos Arrazola, jefe de Control de Vertidos de la CHE desde 2007 hasta la actualidad. Más allá de admitir que "algunas depuradoras del Pirineo deberían estar ya hechas", quiso referirse a la situación de Fabara, municipio que construyó su propia planta y protagonizó la sesión de la pasada semana. Afirmó que el municipio "no cumple todos los días del año" pese a lo dicho por su alcalde. "Incumple en los meses fríos del año y a veces, también en los no tan fríos. Creo que se le ha llegado a sancionar", expuso.