La Agencia de Integridad y Ética Pública, conocida coloquialmente como la Oficina Anticorrupción, podría estar en marcha este mismo año. En ello confía la presidenta de las Cortes, Violeta Barba, que recuerda que el Parlamento aragonés, junto al de Valencia, sería pionero a nivel nacional con este organismo. Quiere afrontar su coste, valorado en unos 400.000 euros, con los dos millones de euros que la DGA prevé transferir a la Cámara este mes de junio. La mayoría de los partidos de la oposición ve con buenos ojos su puesta en funcionamiento, si bien el PSOE insta a "consensuar entre todos los grupos los plazos y los contenidos". El PP recuerda que su propuesta consistió en crear una oficina de defensa del denunciante.

La presidenta de las Cortes ha solicitado un informe a la asesoría jurídica para analizar cómo se podría poner en funcionamiento, al ser la creación de un ente público nuevo, y el coste exacto que lleva aparejado, teniendo en cuenta que trabajarán en ella tres funcionarios del grupo A y dos técnicos. "Cualquier tipo de organismo que sirva para garantizar que no existen malas prácticas dentro de una Administración pública nunca está de más", advirtió Barba, que confió en que la DGA transfiera al Parlamento aragonés los dos millones comprometidos este mes de junio, cuando se aprueben los presupuestos del Estado.

Esta oficina se encargaría de recibir y analizar denuncias de ciudadanos y funcionarios en las que se pensara que se ha podido dar un comportamiento irregular no conforme con la ética. No podría actuar en los casos que estuvieran judicializados, pero sí serviría para "investigar comportamientos de funcionarios o políticos que se entendiera que podrían ser constitutivos de algún tipo de infracción", explicó Barba.

La portavoz adjunta del PP en las Cortes, Marián Orós, dudó de que esté en funcionamiento esta legislatura. Recordó, además, que su partido defendió, sin éxito, que se reconvirtiera en una "oficina de atención al denunciante" y que ya advirtió de que podía "usurpar la labor de los órganos de control de la Administración".

En el PSOE sí esperan "que se ponga en marcha lo antes posible", pero insisten en que se haga "de forma consensuada". El portavoz socialista en las Cortes, Javier Sada, instó a acordar "entre todos los grupos los plazos y el contenido".

Podemos hizo hincapié en que fue su formación la que, en los pactos de investidura con Javier Lambán, propuso esta oficina. Maru Díaz, portavoz de Podemos, mostró su satisfacción de que, aunque con dos años de retraso, va a ponerse en marcha, y reprochó al PP que votara en contra.

Para el aragonesista Arturo Aliaga, "todos los mecanismos para luchar contra la corrupción serán bienvenidos". Solicitó, eso sí, "que sea efectiva".

A Susana Gaspar, de Ciudadanos, le pareció "correcto" que empiece a funcionar, si bien confió en que "su puesta en marcha no sea utilizada con usos partidistas por ningún partido ni cargo público".

Gregorio Briz, diputado de CHA, cree que el problema está en la formación de la clase política y sus valores, y que la situación a nivel nacional es insostenible. Por eso ve positiva la Oficina Anticorrupción, aunque "hay que leer la letra pequeña".

La diputada de IU Patricia Luquin recordó que llega "casi tres años tarde" pero, como es "necesaria", esperó que sea "una realidad con recursos y medios".