La DGA limita el plan de ajuste a 25 millones, para lo que recortará inversión y subvenciones

El Gobierno de Aragón recortará finalmente en 25 millones de euros las inversiones y subvenciones previstas este año en sus presupuestos por saltarse dos de los objetivos de estabilidad en 2017. Como el Ejecutivo PSOE-CHA no solo sobrepasó el límite de déficit sino la regla de gasto, ha presentado un Plan Económico Financiero (PEF) para reducir este año el desembolso presupuestario previsto y así compensarlo. El consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, ya lo está debatiendo con la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), paso previo a su remisión al Ministerio de Hacienda. Su aprobación se oficializará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera previsto para julio, al igual que en el caso de otras nueve comunidades autónomas que sobrepasaron los límites de gasto.

El portavoz socialista de Hacienda, Alfredo Sancho, adelantó ayer en el pleno de las Cortes que dicho plan de ajuste garantizará que no se vean afectados "ni los servicios fundamentales ni las inversiones prioritarias". Como el margen de maniobra es "pequeño", según sostuvo, la propuesta remitida a Madrid centra el recorte del gasto en los capítulos 4, 6 y 7 de los presupuestos, los que fijan las transferencias corrientes (subvenciones), las inversiones directas y las transferencias de capital (dirigidas a financiar inversión de terceros).

Como adelantó este diario, la interventora de la DGA , Ana Gómez, dio el primero paso el pasado 27 de abril al enviar una circular a todos los departamentos para bloquear el gasto de los citados 25 millones . Aunque en el correo electrónico hacía mención a "un ajuste presupuestario" en todas las secciones del estado de gastos, el plan de ajuste ha concretado la propuesta de no disponibilidad de las partidas de inversión y subvenciones.

El recorte del gasto debería ser realmente de 50 millones, pero se reducirá a la mitad por "ajustes de contabilidad por la asignación de partidas de fondos estructurales de la Unión Europea".

Rechazo de toda la izquierda

El debate sobre el plan de ajuste volvió ayer a las Cortes y logró unir de nuevo sin fisuras a los partidos de izquierdas tras semanas de desavenencias, especialmente por la rebaja fiscal. Los socialistas sumaron sus votos con sus socios de investidura para rechazar una moción del PP, que solo contó con el respaldo del PAR, en la que se pedía que el recorte no afectara a las inversiones y se centrara en el gasto corriente de la Administración autonómica, por estar "desbocado".

El diputado popular Antonio Suárez apuntó como argumento que el Gobierno PSOE-CHA ha reducido inversión en casi 300 millones en sus tres años de mandato, a los que se deben sumar otros 120 que no ha llegado a gastar pese a haberlos presupuestado. Y aludió que a donde se ha ido el grueso de los 1.279 millones extra de los que ha dispuesto el presidente Lambán respecto a su predecesora Rudi es al gasto corriente.

En la misma línea, el aragonesista Jesús Guerrero señaló que la DGA ha sido "incapaz" de solucionar los grandes problemas de Aragón y de contener el gasto pese a disponer de casi 1.300 millones adicionales por la subida fiscal y la mejoría económica.

Sancho replicó que el plan económico financiero no puede tocar los capítulos de personal y gasto corriente al ser la base de la recuperación del gasto social de la DGA. Como añadió el portavoz nacionalista, Gregorio Briz, son "elementos básicos" para el Estado de bienestar y recordó que tuvieron que subsanar al llegar al gobierno a mediados de 2015 los recortes que el PP-PAR hicieron, por ejemplo, en personal.

El podemista Héctor Vicente no quiso entrar a debatir ni el fondo porque no aceptaba la premisa de que se deba contener el gasto público. Y añadió que se debía acabar con la austeridad "y con el Gobierno de la Gürtel".

Por su parte, Ciudadanos se desmarcó del bloque del centro derecha al abstenerse tras no aceptar el PP una moción ‘in voce’ para que sí se pudiera recortar inversiones que no fueran prioritarias en las que no se hayan iniciado los trámites y, por tanto, no se vayan a ejecutar. Su postura le valió la recriminación del portavoz popular de Hacienda en el turno de explicación de voto.