El debate sobre el uso de semillas bajo patente sigue vivo en Aragón

A pesar de que a finales de abril Gobierno de Aragón, algunas organizaciones de agricultores y los obtentores de semillas firmaron un convenio, la discusión sigue muy viva en el sector agrario.

El debate sobre el uso de semillas bajo patente sigue vivo en Aragón
El debate sobre el uso de semillas bajo patente sigue vivo en Aragón
Banco de Germoplasma de Hortícolas del Cita

Durante siglos los agricultores utilizaban parte de su producción para conseguir semillas con las que iniciar la campaña siguiente. El intercambio de variedades, la propia selección y la compra y venta entre los mismos de simientes mejor adaptadas al terreno han ido adecuando los cultivos y perfeccionando sus labores. Sin embargo, con el paso del tiempo esa labor de selección y mejora de las semillas la han ido absorbiendo organismos de investigación (el CITA en Aragón es por ejemplo uno de ellos) públicos y privados, y la venta y protección de esas patentes de cultivos, empresas que después venden las semillas a los agricultores.

El uso de semillas certificadas es desde hace unos años algo regulado por normativa europea y nacional. Se intenta con ello mejorar cada vez más la producción agraria, proteger los derechos de quien ha invertido dinero en su investigación, y prevenir el cultivo de especies que pueden ser más propicias a tener plagas. Sin embargo, este ecosistema, en el que cada semilla tiene un royalty que incrementa su precio, ha estado siempre cargado de una fuerte polémica.

A finales de abril la patronal de las empresas propietarias de los derechos de las semillas y que las desarrolla en España (Anove), Cooperativas de Aragón y dos sindicatos de referencia en la Comunidad (Asaja y UPA) firmaron bajo el amparo de la DGA un convenio encaminado a acercar posturas entre las partes. Uno de los puntos de mayor controversia sobre el uso de semilla certificada y los pagos a los que obliga su utilización es que un agricultor debe volver a pagar un canon por la reutilización del grano que da su cosecha.

Esto, que muchos agricultores entienden como “pasar dos veces por caja”, se ha suavizado con el convenio. Con él se ha establecido que los pequeños agricultores (de 60 hectáreas de secano menos productivo a 10 en regadío) no deben pagar el canon por la reutilización de las semillas. También se ha establecido cómo se repartirán los beneficios de los pagos: un 50% irá para los obtentores de semillas, un 15% irá a parar a Cooperativas y acondicionadores de grano, un 5% para las asociaciones agrarias firmantes para realizar labores de formación, y otro 30% para el desarrollo de nuevas investigaciones y ayudas a la compra de semillas.

El convenio fue tildado como un “éxito histórico” por Anove, y también como una forma de acercamiento para aclarar todo por las organizaciones agrarias. UPA por ejemplo ha anunciado que llevará a cabo “reuniones en diferentes puntos de Aragón para explicar el convenio, beneficioso para todo el sector”, mientras que desde Asaja, su secretario provincial en Huesca, Fernando Luna, deseaba que el acuerdo “tenga un desarrollo efectivo y sea eficaz en las variedades que los agricultores necesitamos”. Ambas organizaciones ponían el foco en el abaratamiento que esta firma iba a tener en la compra de semilla, que normalmente oscila entre los 60 y los 90 euros por hectárea, según la variedad.

Pese a esto, el acuerdo no llegó con todo el campo unido. En Aragón Uaga se opuso a firmarlo. “Nosotros pensamos que cualquier segundo canon por la reutilización de una semilla que ya hemos pagado, es dar cabida a un ánimo de lucro desmedido y una complicación para la viabilidad financiera del agricultor”, sostiene Roberto Sanz, miembro de la Ejecutiva del sindicato en Teruel.

El acuerdo tampoco fue rubricado por las empresas productoras de estas semillas certificadas, las compañías que producen y sirven estas simientes patentadas a su vez por otras empresas y organismos. Fernando Bagües, productor aragonés y presidente de la asociación que las aglutina a nivel nacional, Aprose, explica que desde Anove se quiso realizar el convenido de forma práctica, manejando las negociaciones directamente con el sector agrario, aunque está abierto para que se pueda adherir quien quiera. Bagües, lógicamente, defiende el pago de un canon sobre la semilla certificada. “El coste de la semilla sobre la producción que da una hectárea es algo mínimo, y en estas semillas se investiga para que dé una cosecha más segura y rentable. Yo, sinceramente, no entiendo el posicionamiento de no querer pagar por algo en lo que una serie de empresas y organismos ha invertido años de investigación”, señala.

Sanz por su parte comenta que el problema de estos royalties es que dejan de lado el llamado 'privilegio del agricultor', un derecho que se tiene por establecido desde hace siglos y que da pie a que se pueda reutilizar la semilla de la propia cosecha. “Al final lo que contribuye esto es que unas cuantas empresas tengan un monopolio completo de qué se cultiva y qué no. Y uno de los problemas es que si yo por ejemplo doy con una variedad que es apta solo para mi tierra, pero no es rentable producirla, no se va a hacer”, opina, lanzando también un dardo a las cooperativas y organizaciones firmantes por la parte de los beneficios a los que ahora accederán.

Solo un 32% de la semilla que se usa en España es certificada

Según datos de Anove, solo un 32% de la semilla que se planta en España es certificada, por el 70% que se da en el conjunto de Europa. “Los ratios de uso en España siempre han sido bajos, con el perjuicio para la propiedad industrial y la propia investigación que conlleva”, señala Bagües.

En España han salido a la luz supuestos intentos por intentar suplantar en el reacondicionamiento de semilla certificada su variedad original y así eludir el pago del canon, como investigó la Guardia Civil por ejemplo en Monreal del Campo, aunque no por usar semilla de segunda cosecha sin certificar.

Sanz asegura que varios agricultores han recibido en este tiempo cartas de bufetes de abogados contratados por las empresas obtentoras “amenazantes” cuando se retrasaban en el pago del canon. “El principal problema de un precio de la semilla tan elevado es que en tiempos como los que llevamos por ejemplo en el Jiloca, con rendimiento mínimos por la sequía, no hay ningún tipo de adaptabilidad”, opina. El debate, a pesar de la firma del convenio, parece no estar cerrado.

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