El Servicio Aragonés de Salud (Salud) adjudicó de forma directa y sin contrato la práctica totalidad de los suministros de farmacia hospitalaria de 2016, que supusieron un desembolso de 196 millones de euros sobre un total de 205. Así lo revela la Cámara de Cuentas en la fiscalización del primer ejercicio completo de gestión del Ejecutivo de Lambán, en el que pone de manifiesto «incumplimientos significativos» de la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos.

El órgano fiscalizador censura directamente las «compras irregulares» que el Salud realizó prescindiendo «total y absolutamente» de los procedimientos de licitación exigidos por la normativa vigente. Esta es la realidad que se encontró en casi la mitad de las muestras de cien especialidades farmacéuticas, aunque también constata que en buena parte corresponde a productos exclusivos que solo se podían adquirir a un único laboratorio.

El Salud focaliza las críticas más severas en la contratación, dado que también cuestiona que el 46% del gasto en implantes (que se eleva a 37 millones) carezca de «soporte contractual» y que con la compra directa se haya encarecido, de media, un 10%. Lo mismo critica en el caso de la compra de medicamentos por parte de cada hospital, ya que se hubiera podido ahorrar un 5% de haber optado por un sistema de contratación centralizada.

Los mismos gastos «irregulares» los ha encontrado en el Departamento de Educación, ya que gastó 6 millones en el pago de las rutas escolares al inicio del curso escolar antes de formalizar los contratos de prestación del servicio. Y lamenta que la situación se ha repetido en los dos últimos cursos.

Esta misma situación se reprodujo en el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, que gastó 6 millones en sufragar la gestión integral del centro de menores de Juslibol, cuyo plazo de ejecución –recuerda– había finalizado, prórrogas incluidas.

La Cámara de Cuentas ha detectado también que hasta 468 millones gastados por la DGA hace dos años no le fueron comunicados, tampoco constan en el registro de público de contratos ni se publicaron en el portal de transparencia. «La mayoría corresponde al Salud, que no rindió ni publicó ninguna información sobre los contratos adjudicados directamente sin procedimiento de licitación (301 millones) ni de otros formalizados (101 millones)», detalla.

Fraccionamiento de contratos

Igualmente reprueba el «importante» número de contratos menores, por un importe global de 8 millones, en los que ha podido existir un fraccionamiento irregular «con la finalidad de no aplicar los procedimientos de adjudicación legalmente previstos».

Todo ello lleva a la Cámara de Cuentas a urgir al Servicio Aragonés de Salud que elabore mejor sus presupuestos y adopte medidas para que todos los centros sanitarios tramiten expedientes de contratación y cumplan la ley vigente en esta materia. Además, recomienda potenciar la compra centralizada para ahorrar costes y establecer controles para que se refleje el precio real de los medicamentos.

En el apartado de salvedades, el órgano fiscalizador especifica que las incertidumbres, restricciones de información (limitaciones al alcance) y ajustes detectados en los trabajos, por un importe de 687 millones, «no permiten concluir favorablemente sobre el saldo que figura en el balance de situación, ni sobre la gestión y control del inventario de activos» de la DGA.

En el capítulo de incorrecciones añade también la infradotación de 12 millones en la provisión por insolvencias y los 125 millones por responsabilidades. Igualmente alude a los 11 millones que, a su juicio, faltan por aflorar en la cuenta 409, la que contabiliza las facturas en los cajones. De este modo, los gastos sin respaldo presupuestario en 2016 se hubieran incrementado hasta los 94 millones.

La Cámara de Cuentas también destaca los «graves desequilibrios patrimoniales» de la DGA, hasta el punto de advertir que el endeudamiento seguirá creciendo (ese año alcanzó ya los 8.125 millones) para financiar el gasto corriente mientras no los reduzca o suban los ingresos.