Era uno de los proyectos estrella con los que Javier Lambán se presentó a las elecciones autonómicas, pero corre serio riesgo de no ver la luz esta legislatura. La ley de renta social básica queda en el aire después de que Podemos abandonara esta semana la ponencia parlamentaria en la que se debate el texto planteado por el Gobierno PSOE-CHA. Tras este movimiento, en respuesta al pacto de los socialistas con Ciudadanos para reformar el impuesto de Sucesiones, los colectivos sociales que trabajan con los más necesitados han dejado patente su malestar ante la incapacidad de los grupos políticos para alcanzar un consenso en torno a una materia tan sensible que, a su juicio, unos y otros están usando como arma arrojadiza.

El PSOE insiste en que es "fundamental" sacar adelante en las Cortes una ley que persigue que "todos los aragoneses tengan unos recursos mínimos para vivir con dignidad", en palabras de la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, y de la que se beneficiarían, según la DGA, unas 15.000 personas. Por ello, todavía confían en que Podemos "recapacite" y vuelva a sentarse a la mesa para intentar lograr "el máximo consenso", aunque muchos lo dan ya por imposible.

Gustavo García, de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, no escondió su "cabreo" por lo ocurrido, que considera "inadmisible". "Haremos todo lo posible para presionar porque la renta básica no es del PSOE ni de Podemos, es un derecho de la ciudadanía", afirmó, al tiempo que censuró el enfrentamiento partidista "a costa de los más necesitados". "No hay derecho, me duele mucho", añadió, y recordó el proceso de participación "profundo" en el que participaron numerosas entidades. A su juicio, el modelo que se planteaba era "el mejor posible", frente al actual, que obliga a algunas familias a "pedir 6 o 7 ayudas distintas" y a los trabajadores sociales, a "hacer de inspectores fiscales de los pobres". Por ello, urgió retomar la negociación para que Aragón no se quede "por detrás" de La Rioja, Comunidad Valenciana o Andalucía, que ya han aprobado leyes similares.

También se muestran "muy enfadados" en la Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión, según declaró Francisco Galán, de Rey Ardid, quien ve imprescindible adaptar a la nueva realidad social el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), cuya regulación data de 1992. Por ello, representantes de esta red que agrupa a 51 entidades comparecieron hace menos de un mes en las Cortes para reclamar "consenso" en esta materia. "Les ha explotado en las manos y nos han tomado el pelo", criticó.

"Si quieren, pueden"

Carlos Sauras, presidente de Cáritas Aragón, coincidió en que "es una pena que no se haya conseguido un consenso, si quieren se pueden entender". A su entender, ha primado entre los grupos "la estrategia": "Hace tiempo que no se buscan políticas sociales para paliar la pobreza", afirmó. "La lucha política partidista es muy distinta de buscar la mejoría y beneficiar a los últimos".

A otros no les ha cogido por sorpresa la espantada de Podemos tras meses de bloqueo de la ponencia por parte de la coalición PSOE-CHA al constatar las diferencias con la formación morada, que ya dio el primer aviso hace un año. "Ha pasado lo que hace mucho tiempo que esperábamos", admitió Ángel Sanz, del Espacio de Derechos Sociales (Marea Naranja), para quien "es un fracaso que no lo hayan sacado adelante". Cree que los socialistas "no daban pasos adelante para introducir las alegaciones de los colectivos y las enmiendas de los grupos". "Tal y como estaba quedando, ya dijimos que valía más retirarla", señaló.

La misma opinión mostró Rosa Sánchez, del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales. Exigió a los grupos políticos "que se espabilen y se pongan de acuerdo, pero para mejorar lo que hay, porque tampoco se pueden empecinar en aprobar algo a toda costa". Eso sí, censuró que se haya "desaprovechado" otra legislatura, tras el primer intento en la anterior. "El PP lo empeoraba y el PSOE no lo mejoraba", resumió. Además, advirtió de que "si no hay protestas es porque ahora la gestión del IAI funciona dignamente".