La Justicia debe expresarse a través de la solidez de sus procedimientos. Si hay una sentencia que ha ser anulada porque el procedimiento no garantizó los derechos de los acusados, lo obligado es que se haga. Por eso hay que comprender la decisión de la Sala II del Tribunal Supremo de anular parcialmente la condena que impuso la Audiencia Provincial de Zaragoza contra la exalcaldesa de La Muela y otras 28 personas porque considera que, al no aceptarse la renuncia de su abogado defensor, se vulneró el derecho de defensa efectiva de la principal acusada durante el juicio. Dicho esto, no está de más recordar la frustrante sensación que con frecuencia asalta a la ciudadanía de que una Justicia lenta no es justicia. La sentencia, dictada el 23 de septiembre de 2016, condenaba a Pinilla, entre otros, por distintos delitos relacionados con operaciones urbanísticas y adjudicaciones irregulares que se empezaron a realizar en los años noventa del siglo pasado, hace más de veinte años.

El poder judicial es en la actualidad uno de los principales actores de la vida pública española: desde el cerco a la corrupción al mantenimiento de la legalidad en Cataluña. Por eso es imprescindible mejorar su eficacia y sus medios, precisamente para asegurar su buen funcionamiento como servicio público que tiene la obligación de atender en tiempo y forma los asuntos que le llegan.