El Gobierno de Aragón pagará el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de este 2018 de las viviendas y fincas rústicas dañadas "como consecuencia directa" de la avenida extraordinaria del Ebro. Esta es una de las principales medidas que recoge el decreto de ayudas que el Ejecutivo autonómico aprobará hoy en Consejo del Gobierno.

El texto no compromete cuantías concretas, pero autoriza a la Consejería de Hacienda a habilitar "los créditos necesarios" para ejecutar acciones que faciliten la vuelta a la normalidad de las zonas afectadas. En total hay 54 términos municipales perjudicados. En el listado aparecen Alcalá de Ebro, Alfajarín, Calatayud, Codos, Ejea de los Caballeros, Gelsa, Luceni, Novillas, Pina de Ebro, Quinto, Ricla, Tauste, Villafranca, Zuera o Zaragoza, entre otros municipios.

Las subvenciones, de carácter complementario a las que apruebe el Gobierno de España, incluyen medidas urgentes destinadas a paliar daños materiales en viviendas y enseres domésticos o explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales. También buscan "resarcir daños en establecimientos industriales, comerciales, turísticos y mercantiles", en carreteras y en infraestructuras, instalaciones, equipamientos y servicios de titularidad municipal, mancomunada o comarcal.

Se ejecutarán con cargo al Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria, aunque, si se necesita financiación adicional, se recurrirá a otros créditos. Las ayudas por vivienda irán dirigidas "a los afectados por destrucción total" o por daños en las mismas, "afecten o no a su infraestructura". El cálculo de cada una tomará en consideración "la posible cobertura por contratos de seguro exigente".

Para percibir una por daños en producciones agrícolas, ganaderas y forestales también será necesario disponer de una póliza en vigor. Las partidas servirán para reparar tanto instalaciones de regadío como edificaciones. Paliarán, asimismo, los gastos extraordinarios derivados del traslado y la manutención de aquellas cabezas de ganado que tuvieran que ser evacuadas por la riada.

Por otra parte, se contemplan partidas "para ejecutar las obras y actuaciones necesarias" para reparar los daños medioambientales causados por la avenida extraordinaria, así como los relativos a infraestructuras del ciclo integral del agua, ya sean de carácter autonómico o municipal.

El Gobierno aragonés también se compromete a firmar convenios con entidades financieras "para facilitar a las personas físicas o jurídicas afectadas el acceso a líneas preferenciales de crédito o moratorias en el pago de los préstamos o los créditos hipotecarios formalizados con anterioridad a los daños".

Un texto abierto

Una vez que el decreto aparezca en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), los afectados tendrán un mes para presentar sus solicitudes. La previsión es que –salvando este y el de recurso–, los plazos se reduzcan "a la mitad" para agilizar la tramitación. El Ejecutivo autonómico se adelanta así al Gobierno de España, que pese a anunciar una rebaja del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para los agricultores y ganaderos afectados aún no ha activado su plan de ayudas ni ha declarado la ribera como zona de urgente actuación, una petición que han lanzado tanto el presidente de Aragón, Javier Lambán, como la Asociación de Afectados por las Riadas del Ebro (Asafre). También falta por saber qué partida concreta comprometerá la Diputación Provincial de Zaragoza.

El decreto que hoy aprobará el Gobierno de Aragón queda abierto ante la eventualidad de que puedan producirse nuevas riadas. En ese caso, podría ratificar otro para extender la aplicación de las medidas ya contempladas "a daños que puedan derivarse de sucesos semejantes hasta el 31 de mayo" de este año.