Decenas de agricultores siguen reclamando al Ministerio daños por las últimas riadas

Decenas de agricultores y ganaderos de la ribera siguen reclamando al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente daños provocados por las últimas riadas. También hay juicios abiertos por inconformidad en las tasaciones, una vía que podría tardar años en cerrarse. La "mala" experiencia de avenidas como la de 2013 lleva a los sindicatos y productores agrarios consultados a exigir "rapidez" al Gobierno de España y al de Aragón para recuperar cuanto antes la normalidad. Los hay, no obstante, que aún no han podido acceder a sus campos.

Jaime Escanero, agricultor de Alfajarín, reclama 103.000 euros por daños "en cultivos e infraestructuras". No contar con ese dinero, que exige desde 2013, le ha obligado a pedir préstamos. "He vivido ahogado bastante tiempo. Me lo han denegado en varias ocasiones, pero yo sigo reivindicándolo", reconoce.

El problema está en que la crecida de ese año se consideró ordinaria. "El Ministerio me ha dicho que no tengo derecho, pero yo estoy convencido de lo contrario. Tengo todo documentado", explica. Su caso, en manos de Jesús Jordán, abogado de la Asociación Regional de Agricultores y Ganaderos de Aragón (Araga), aún no ha entrado en la vía judicial, aunque no descarta recurrir a los tribunales si el Gobierno de España no cambia de parecer. Jordán sostiene que si una persona se expone a una situación de riesgo "por acción u omisión" de la Administración puede reclamar daños "por responsabilidad patrimonial".

Se apoya, asimismo, en sentencias favorables previas. El Estado ya ha tenido que pagar más de 300.000 euros a cuatro vecinos de Quinto por los efectos de la riada de 2013. "Hay quien ha ido a juicio y quien no, pero estaríamos hablando de decenas de casos. Los hay en Alfajarín, en Pina, en Villafranca...", expone.

Francisco Used, vecino de finca de Escanero, también tendría que haber percibido "en torno a 100.000 euros" por los episodios de 2013 y 2014. "Las administraciones se pasan la pelota de unas a otras. Se salen por la tangente cuando lo que tendrían que hacer es limpiar el cauce. Más que el río, nos van a terminar arruinando ellas", dice. Apunta, en este sentido, que "en la ribera baja apenas se ha hecho nada en los últimos años". Lo que más le duele es que los productores se ven en esta situación "sin tener culpa de nada".

Tanto él como Escanero recalcan que las avenidas no solo provocan afecciones en cultivos, riegos y caminos. "También hacen que el precio de las fincas se devalúe. Cada vez valen menos", afirma al segundo, al tiempo que lamenta ver cómo la situación se repite "una y otra vez".

A estos casos hay que sumar los de aquellos que no quedaron conformes con la tasación de daños. Alfonso Barreras, presidente de la Asociación de Afectados por las Riadas del Ebro y afiliado de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, tiene constancia de hasta diez contenciosos abiertos. Los hay, según sus palabras, que "podrían acabar en el Supremo". "Son personas que percibieron cantidades muy inferiores a las determinadas por el Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas. Hablamos de miles de euros y de diferencias notables entre unas tasaciones y otras", manifiesta.

Medidas urgentes

Los productores consultados confían en que se actué "como en 2015" –año en que percibieron "una mayor predisposición"– y no como en 2013. También esperan que la DGA "cumpla" y cubra aquellos porcentajes a los que no llegarán los seguros. Hasta la fecha, según datos de Agroseguro, los agricultores aragoneses han dado parte de más de 8.000 hectáreas pertenecientes a unas 10.000 fincas. Lo importante, afirman los afectados, es que el Gobierno de España declare el tramo como ‘zona de urgente actuación’ y detalle "cuanto antes" las ayudas a las que podrán acogerse.

Los hay, como el ganadero José María Arnillas, que han registrado esta semana un escrito dirigido al Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón para exigir celeridad. En él pide "que se dispongan urgentemente las ayudas oficiales necesarias para salvaguardar la vida y el bienestar de los animales afectados". Su reclamación se basa en experiencias previas. Según su versión, tras la riada de 2015 peritaron daños de 633.000 euros en su explotación y terminó percibiendo menos de 11.000. "Temo que esta vez ocurra lo mismo. Se ha anegado prácticamente toda la finca y los pastos están impracticables. Me siento impotente", reconoce.