"Siento que nos tengamos que reunir por este motivo". Con esta frase comenzó este jueves el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, su reunión con cuatro sindicatos agrarios (UAGA-COAG, Asaja, Araga y UPA) para valorar los daños de la avenida del Ebro en las explotaciones agrícolas y ganaderas de la ribera.

La DGA estima que las afecciones se extienden por unas 19.000 hectáreas de todo el eje del Ebro, de las que 14.000 ya estaban cultivadas o a punto de hacerlo, y se traducen en un perjuicio económico de unos 25 millones de euros (sumando pérdida de cosechas y daños en infraestructuras tanto públicas como privadas). La valoración no es definitiva, recordó el consejero, y tendrá que revisarse en los próximos días. En cualquier caso, Olona expresó que "el peor daño" de todos ha sido la muerte del pastor Manuel Lázaro, en Codos, cuando intentaba salvar a su rebaño de 200 ovejas.

A la pérdida de estas cabezas de ganado hay que sumar la muerte de 600 lechones en Tauste por la crecida del río Arba y de 94 cerdos de la explotación de Villafranca de Ebro que tuvo que ser desalojada el miércoles por el ganadero y vecinos del pueblo con la ayuda de la DGA. La situación de esta explotación "ha sido un punto negro que afecta a la imagen del sector", según dijo Olona, y únicamente hay que atribuirlo a la empresa propietaria de la granja, pues el responsable del cuidado de los animales "hizo lo imposible" por salvarlos. La consejería de Desarrollo Rural anunció que ya ha tomado las medidas pertinentes contra esta empresa.

Complemento a los seguros

Para solucionar la delicada situación económica en la que queda el sector tras el episodio de avenida, durante la reunión de este jueves  Olona se comprometió con las organizaciones a complementar las indemnizaciones que los seguros den a los agricultores y ganaderos afectados para que estos puedan recuperar el 100% de la inversión que habían realizado y que el agua se ha llevado por delante.

El consejero reconoció que no hay partida habilitada para cubrir estas indemnizaciones (sería de mal gusto anticipar en el presupuesto autonómico este tipo de desastres, convino el consejero), pero afirmó que el compromiso del Gobierno autonómico es firme en este sentido y cumplirán con la palabra dada. En todo caso, solo estarán en circunstancias de percibir este resarcimiento los afectados que tengan una póliza en vigor. Según las estimaciones de los sindicatos agrarios, alrededor del 90% de los afectados serían titulares de seguros, dado que tras la avenida de 2015 la conciencia aseguradora aumentó y el propio Gobierno de Aragón hizo campaña por la contratación.

La opinión de los sindicatos

En un receso, los responsables sindicales valoraron la marcha del encuentro. José Manuel Penella, secretario general de la UAGA, agradeció la "celeridad" con la que la consejería había convocado esta reunión y, a pesar de las afecciones de la riada, destacó "la buena coordinación con las administraciones", a diferencia de otros episodios de avenida, así como el comportamiento de los alcaldes de la ribera y de los vecinos, "los más legitimados para hablar de limpieza y restauración del cauce". En este particular insistió Jorge Valero, presidente de Araga. "Si en 2015 el río estaba mal, tres años después está peor porque no se ha limpiado nada", opinó a la par que valoró la amenaza de una segunda próxima avenida por el deshielo que "terminaría de arreglar" la situación que ha dejado esta crecida.

Ángel Samper, secretario general de Asaja, criticó el déficit presupuestario "enorme" que arrastra el medio rural, a pesar de que desde hace años se está hablando "continuamente" de despoblación. Si estos discursos no vienen dotados de financiación, "son discursos vacíos", zanjó.

Por su parte, Narciso Luna, responsable de seguros de UPA-Aragón, agradeció la convocatoria del consejero y el esfuerzo que va a hacer el Gobierno de Aragón para cubrir el 100% de los daños.

En la reunión, "constructiva y exigente", según Olona, además de los representantes sindicales y el consejero, estuvieron presentes responsables más del Gobierno de Aragón: el secretario general técnico del departamento, José Luis Castellano; el director de Desarrollo Rural, Jesús Nogués; el director de Alimentación y Promoción Agroalimentaria, Enrique Novales y la directora del Instituto Aragonés del Agua (IAA), Inés Torralba.