Las quejas de los municipios fuerzan a la DGA a lanzar un nuevo decreto de espectáculos

El polémico decreto de espectáculos de Aragón, que fue recurrido por la Diputación Provincial de Huesca (DPH) en varios artículos y que la DGA se comprometió a revisar, ya tiene sustituto apenas un año después de su aprobación. El Departamento de Presidencia acaba de sacar a información pública el nuevo decreto regulador de las actividades públicas y recreativas ocasionales y extraordinarias, que deroga el aprobado el 25 de abril de 2017. Pretende salvaguardar las fiestas populares y dejar claro que las verbenas y otras actuaciones que se desarrollen al aire libre o en carpas sin cerramientos laterales están excluidas de aplicarlo, así como los actos organizados por las entidades locales o el propio Gobierno de Aragón.

Aunque en un principio la DGA se planteó una modificación del decreto original, que llegó a publicarse, la directora general de Justicia e Interior de la DGA,Mª Ángeles Júlvez, entonó este miércoles el ‘mea culpa’ y reconoció que se ha considerado más conveniente apostar por un nuevo texto global que clarifique el anterior y logre "un consenso total". "Teníamos que dejar claro que las verbenas de los pueblos no están sujetas a ningún tipo de necesidad de autorización ni nunca lo estuvieron y aclarar las dudas interpretativas que nos plantearon tanto los ayuntamientos como los organizadores, que son otros de los principales afectados", explicó.

Aunque la DPH y la provincia oscense fueron las más combativas contra esta reglamentación, las denuncias también llegaron desde el Ayuntamiento de Zaragoza, tanto en las fiestas del Pilar como en la reciente Cincomarzada, y los barrios rurales. Ahora se abre el plazo de un mes para presentar alegaciones al nuevo texto, que la directora general de Justicia espera esté en vigor en verano.

Júlvez hizo especial hincapié en las matizaciones que se hacen de los supuestos que se excluyen, uno de los puntos que generó más críticas por parte de los pequeños municipios. El nuevo documento establece con mayor precisión los lugares en los que se pueden organizar y celebrar espectáculos y actividades, distinguiendo entre los establecimientos públicos y los espacios abiertos.

¿Qué ocurre en casos como el polideportivo de Movera, que no pudo ser utilizado en las últimas fiestas? Estos lugares públicos deben contar con la pertinente licencia habitual. Además, la directora general de Justicia recordó que por encima de esta regulación del Ejecutivo están las normas del Código Técnico de la Edificación "que siempre son aplicables".

El ajuste de los aforos que se aplican y la diferenciación de las medidas de seguridad obligatorias en función de si se expende o no alcohol es otra de las novedades más llamativas. Esta distinción se ha introducido por recomendación de las Fuerzas de Seguridad. Así, por ejemplo, el servicio de admisión en los establecimientos públicos es obligatorio a partir de un aforo superior a 250 personas (en 2017 se fijó 150), si se vende alcohol, o superior a 300, si no.

Rebajar el personal de control de los accesos

Una de las modificaciones que incluye el decreto es la posibilidad de que los ayuntamientos disminuyan o incrementen la plantilla mínima del personal que se requiere en el servicio de admisión, siempre conforme a un informe de los servicios técnicos. Era una de las reivindicaciones de muchas pequeñas poblaciones y promotores privados, ya que garantizar este control en los accesos supone un excesivo encarecimiento para los organizadores. Esta opción ya estaba contemplada en la normativa de 2017 en lo referente a los vigilantes de seguridad privada.

La exigencia de disponer de un sistema automático de control de aforo y de cámaras de grabación se mantiene, aunque para las discotecas y salas de fiesta el aforo pasa de 150 personas a 250. Además, se concede un periodo de adaptación de tres años. En cuanto a las prevenciones acústicas, se incorpora, como reclamaban algunas asociaciones vecinales, que en los establecimientos públicos que tengan autorizada amenización musical el Ayuntamiento podrá exigir a sus titulares la instalación de un limitador de sonido con registro.