De facturar un millón a vivir de los 472 euros de salario social

Fernando, zaragozano de 59 años, no tiene recursos desde hace 4 y denuncia que, a pesar de que tiene proyectos y quiere trabajar, el sistema se lo impide.

Fernando, que fue empresario de éxito y hoy no tiene recursos, fotografiado en el paseo de la Independencia de Zaragoza.
Fernando, que fue empresario de éxito y hoy no tiene recursos, fotografiado en el paseo de la Independencia de Zaragoza.
Toni Galán

Fernando es un zaragozano de 59 años. Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, como empresario puede presumir de haber participado en la modernización de la esfera jurídica en España: en 1999, cuando internet apenas estaba echando a andar, puso en marcha una página web que, a modo de gran biblioteca jurídica, recogía toda la legislación española publicada. Desde la Constitución hasta la ley reguladora del procedimiento administrativo pasando por el Código Penal: estos textos normativos y cientos más se podían consultar de forma ‘online’, gratuita y actualizada.

La web de este zaragozano fue el comienzo del fin de los vetustos tomos de leyes que se contaban por decenas en los despachos de abogados, cuya forma de trabajar cambió para siempre. Hoy, casi 20 años después, esta web es propiedad de una multinacional holandesa, aparece siempre en la primera página de Google y se ha convertido en una herramienta fundamental para los profesionales del Derecho. La suerte de su creador, sin embargo, es diametralmente opuesta.

El empresario, que tuvo a su cargo una veintena de trabajadores y llegó a facturar alrededor de un millón de euros, hoy malvive con los 472 euros del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) porque cuando la empresa que fundó se vendió por varios miles de euros, él ya no tenía nada que ver en la compañía porque había salido algún tiempo antes con motivo de una separación.

"Hay negocio con la necesidad"

"Si a mí me dicen hace diez años que voy a estar en esta situación, no me lo hubiera creído por nada del mundo", dice Fernando, que oculta sus apellidos porque prefiere mantenerse en el anonimato. Su situación personal comenzó a complicarse hace cuatro años: se quedó literalmente en la calle y sin dinero. "Soy un indigente. Estuve a punto de dormir en un cajero, pero decidí ir al albergue de Zaragoza y allí estuve una temporada", cuenta.

En la instalación municipal le hablaron de una mujer que alquilaba habitaciones en el barrio de Las Fuentes. "Pisos patera", sintetiza él. Durante unos meses compartió con 8 personas una vivienda de 76 m2 sin agua caliente ni calefacción. "Aunque parezca difícil de creer, hay personas en Zaragoza que están haciendo negocio de la necesidad de otras", lamenta. Su casera no le hizo ningún contrato y un día llegó a encerrarle en su habitación. Fernando denunció ante la Policía y dejó de pagar los 210 euros de alquiler. La mujer fue condenada y decidió iniciar un procedimiento de desahucio que se practicó a finales de enero, pese a que no era un arrendamiento declarado.

"Así lo denuncié en la Agencia Tributaria, y también lo hice constar en la Policía Local. Se trataba de un alquiler en negro en un piso que no estaba acondicionado. No sé si habrán hecho algo", agrega. "Hay quienes se están enriqueciendo con el dinero público que personas como yo perciben como ayudas: con 472 euros no podemos permitirnos otra cosa que no sean estos alquileres", denuncia.

"Hay que cambiar la asistencia"

No es la única situación que denuncia Fernando, que considera que los servicios sociales públicos, tanto municipales como autonómicos, no están pensados para que las personas sin recursos salgan de ese pozo, sino que de alguna manera perpetúan este estado de carencia en muchos casos porque no se atiende al caso particular, se trabaja con la generalidad.

La misión que tienen que cumplir estos servicios es "complicada" y en ocasiones, "seguir a rajatabla una reglamentación que ni siquiera sopesa el drama que puede llegar a suponer la toma de alguna decisión", que implica una "dejación de funciones", dice el zaragozano. En este sentido, Fernando explica que acudió a la DGA para solicitar un alquiler social y lo único que le ofrecieron fue una vivienda en la localidad turolense de Escucha. "Yo tengo inquietudes, quiero seguir siendo útil a la sociedad, puedo trabajar. Si me hubiera ido a vivir allí, ¿qué salidas laborales podría tener con mi formación?", se pregunta.

A través del Inaem ha realizado varios cursos de reciclaje, pero ninguno de ellos tiene que ver con su licenciatura en Derecho. "Me he formado hasta como carretillero", cuenta, pero ni eso ha sido suficiente para encontrar un sustento en los últimos años y, a medida que pasa el tiempo, su situación personal y anímica se complican.

"Quiero volver a trabajar"

Porque Fernando, a pesar de haberlo perdido todo, no se da por vencido: es una persona inquieta que lee la prensa todos los días, sigue de cerca las novedades legislativas y desde hace meses no hace más que darle vueltas a la cabeza para poner en marcha un nuevo proyecto empresarial. Cuenta que tiene por costumbre madrugar mucho y pasa la mayor parte del día fuera de casa buscando soluciones a la situación de exclusión en la que se encuentra.

"He ido a pedir ayudas para emprendedores al Instituto Aragonés de Fomento y a Zaragoza Activa. En los dos sitios me han dicho que es una idea viable que podría obtener financiación, pero me piden una aportación para empezar, un dinero que no tengo", lamenta.

A día de hoy no sabe cómo pondrá en marcha su idea ni qué hará cuando en unos meses ya ni le corresponda cobrar el IAI, lo único que tiene claro es que se ha prometido a sí mismo y a su hijo que lo hará.

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