Los juzgados aragoneses cerraron 2017 con 110 millones de euros en sus cuentas

Los juzgados españoles son un ir y venir de litigantes y esta actividad se refleja en las cuentas corrientes judiciales. Depósitos, multas, embargos... cada año se registran en estas cartillas miles de entradas y salidas que suponen un tráfico económico de miles de millones de euros. De hecho, recientemente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha informado de que el año pasado acabó con más de 4.150 millones de euros depositados en estas cuentas, unos 119 menos que un año antes.

Esta caída de las consignaciones a nivel nacional no se corresponde, sin embargo, con la dinámica que se siguió en Aragón en 2017. El curso pasado cerró en la Comunidad con cerca de 110 millones depositados en los juzgados, una cifra que significó batir todos los récords. Con respecto al ejercicio 2016, el crecimiento fue de unos 19 millones y multiplicó por dos los registros de 2015, año que se cerró con unos 54 millones consignados.

Según se desprende de las estadísticas elaboradas por el CGPJ, las cuentas de los juzgados aragoneses registraron 258.873 movimientos entre salidas y entradas de dinero. Por provincias, Zaragoza lidera sin discusión tanto los depósitos (algo más de 201 millones el año pasado) como las retiradas (cerca de 185) frente a Huesca y Teruel, con registros mucho más discretos (en la provincia altoaragonesa entraron unos 25,6 millones y en Teruel 9,4).

El aumento de las consignaciones podría tener su explicación en el crecimiento de la litigiosidad en la Comunidad. A falta de los datos del ejercicio completo, las estadísticas del primer semestre reflejaron un ligero repunte de los asuntos ingresados en los juzgados y tribunales aragoneses con respecto al ejercicio 2016.

¿De dónde viene este dinero y a dónde va?

Estas cantidades se ingresan en el marco de procesos judiciales para que sirvan de garantías, fianzas, multas, embargos... y se destinan a abonar la responsabilidad civil, sanciones o las costas procesales, entre otros aspectos, si los jueces o magistrados así lo deciden. Todos los órganos tienen habilitadas cuentas corrientes para este tipo de operaciones.

Son los magistrados quienes determinan en sus fallos si el dinero depositado puede reintegrarse a su legítimo dueño. Aunque parezca increíble, hay personas (físicas y jurídicas) que estando autorizadas para recuperar sus depósitos no lo hacen, bien sea por olvidos, ignorancia o pura desidia (relacionada con el largo tiempo que tardan algunos procedimientos en completarse).

Pasados unos años, ese dinero pasa a ser propiedad del Estado, no sin antes avisar de ello. Cada cierto tiempo, la Secretaría General de la Administración de Justicia publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una relación de los depósitos y consignaciones que están a punto de pasar a engordar las cuentas del Tesoro Público detallando el juzgado en el que se depositaron.? El Estado da un mes para recuperar su dinero desde la publicación del anuncio.

El penúltimo listado de este tipo publicada en el BOE, por ejemplo, incluía 26 depósitos que estaban a punto de prescribir en juzgados de Barbastro, Jaca, Huesca y Monzón. Entre las cantidades sin recuperar por sus propietarios había de todo: consignaciones de apenas unos céntimos de euro y otras cercanas a los 500. Lo que tenían en común todas ellas es que llevaban más de dos décadas olvidadas en las cuentas judiciales: algunos depósitos databan del año 1993.