Una pareja de Santa Isabel, al banquillo por el presunto asesinato de su bebé y las graves fracturas de otro hijo

La Fiscalía pedirá penas para el matrimonio que suman 36 años de prisión en el juicio que comienza el próximo lunes, 5 de febrero. La defensa solicita la absolución y habla tan solo de "imprudencias" 

 

 

La madre de los niños, en los pasillos de la Jefatura Superior de Policía, cuando fue detenida en abril de 2015.
Policía Nacional

Un Tribunal Popular juzgará a partir del próximo lunes a Rachid B. y Bouchra S., un joven matrimonio afincado en el barrio zaragozano de Santa Isabel al que la Fiscalía responsabiliza de la muerte de una hija de solo 26 días y de las graves fracturas que un año después sufrió su hermano como consecuencia de la violencia ejercida sobre él durante sus dos primeros meses de vida. Fue precisamente este segundo caso, que se destapó en julio de 2015, el que levantó las sospechas de la Policía, que reabrió las pesquisas de la muerte de la niña y acabó deteniendo al padre, de 38 años, por asesinato y lesiones. La madre de los bebés, de 33, también fue arrestada, pero únicamente por las fracturas costales del pequeño.

Convencido de la responsabilidad del matrimonio, el ministerio público solicita 28 años de prisión para Rachid B.: 20 por el presunto asesinato de la pequeña, 5 por las múltiples fracturas de su hermano y 3 por un delito contra la integridad moral. En cuanto a la madre, Bouchra S., la acusación pública pedirá al tribunal que le imponga 8 años de cárcel.

La Policía descarta el accidente

Para el Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía y para la Fiscalía, el fallecimiento de la niña y las graves lesiones de las que tuvo que ser atendido su hermano de ninguna manera pueden considerarse accidentales. Sin embargo, todo lo contrario piensa el abogado Eladio Mateo, que defiende a la pareja y pide su libre absolución. A través de su escrito de calificación, el letrado rechaza un acto homicida voluntario y habla de posibles "imprudencias".

En el caso de la niña de 26 días, fallecida el 14 de abril de 2014, el letrado entiende que se trataría de una muerte con "carácter accidental, fortuita o de mala praxis". Respecto al hermano, niega que sus graves fracturas tuvieran un origen violento y las vincula con "el frágil estado de salud del menor". "Pudieron ser consecuencia de un manejo igualmente imprudente del niño –explica–, que se encontraba (...) en un estado de salud precario, pudiendo ser debidas a una enfermedad (raquitismo)". La defensa recuerda que esta dolencia debilitaría los huesos "blandos todavía" del niño y haría posible que se le produjeran roturas "incluso en el proceso de vestirlo o arroparlo".

Por todo ello, Eladio Mateo solicita la libre absolución de la pareja. De forma alternativa, solo para el caso de que los miembros del Tribunal Popular aprecien alguna responsabilidad en la conducta de los acusados, la defensa propone condenas por delitos de imprudencia.

En el caso del padre, en el peor de los casos, aceptaría un año de prisión y una multa de 1.980 euros por el homicidio y 4 meses de cárcel o multa de 2.160 euros por las fracturas del menor. En cuanto a la madre, el letrado propone una multa de 120 euros por imprudencia leve, o 4 meses de prisión (sustituible también por multa de 2.160 euros) si el Jurado entiende que fue un descuido grave.

Tres golpes en la cabeza que resultaron mortales

A partir de las pesquisas del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional y de los informes de Instituto de Medicina Legal de Aragón, la Fiscalía llegó a la conclusión de que la pequeña Mona, nacida el 15 de marzo de 2014, falleció a los 26 días como consecuencia de tres golpes que recibió en la cabeza: uno en la región frontal media, otro en la temporal izquierda y otro en la occipital.

Para la acusación pública, estos golpes se produjeron con un objeto no determinado y se los propinó al bebé su propio padre, Rachid B., al que ahora acusa de asesinato y lesiones (este último delito, por las fracturas del hermano). Según la Fiscalía, el hombre «zarandeó violentamente» a la niña, «siendo consciente de que, debido a su edad, le iba a causar la muerte». Al destaparse el 23 de julio de 2015 el caso del hermano, se detuvo a la pareja y la DGA se hizo cargo tanto del niño como de una tercera hermana.

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