La Generalitat de Cataluña, con el beneplácito del ministro Íñigo Méndez de Vigo (máximo responsable de la consejería de Cultura por aplicación del artículo 155), ha pedido al Tribunal Supremo la anulación de la sentencia que declaró ilegales las ventas de 97 obras de Sijena y ordenó su restitución al monasterio, traslado que se hizo efectivo el 11 de diciembre. Tal y como había anunciado, ayer formalizó un recurso de casación y otro por infracción procesal contra el fallo de la Audiencia Provincial del 30 de noviembre de 2017, que confirmó el del juzgado número 1 de Huesca del 8 de abril de 2015. Y no fueron los únicos, ya que también han recurrido el Museo Nacional de Arte de Cataluña y el Consorcio del Museo de Lérida.

En tres largos escritos, de 67, 68 y 87 páginas, que triplican la extensión máxima recomendada por el Supremo, las instituciones catalanas argumentan que los bienes no están comprendidos en la declaración de Sijena como Monumento Nacional ni se ha certificado que permanecieran allí en el momento de la declaración, en 1923. También rechaza la legitimidad de la DGA y el Ayuntamiento para solicitar la nulidad al no ser parte de los contratos, y por lo tanto su capacidad de pedir la restitución de los bienes. Concluye que si las ventas eran nulas se debe volver a la situación inicial, es decir, a que las obras sigan en Cataluña en depósito.

La sentencia ya desmontó todos estos argumentos, al afirmar que cuando la Generalitat y el Museo Nacional de Arte de Cataluña las compraron, entre 1983 y 1994, no tuvieron en cuenta que el edificio era Monumento Nacional y no se le podía privar de las obras contenidas en él; ni contaron con permiso de las autoridades competentes; y además las ventas las firmó la priora del monasterio de Valldoreix, de la misma orden pero sin potestad legal sobre las obras de arte.

Los recursos cuestionan la decisión judicial de trasladar los bienes a Sijena desde el MNAC y desde el Museo de Lérida, y la consideran "una extralimitación" en la jurisdicción civil, ya que eran parte de una colección que no podían disgregar sus propietarios. Concluyen que la pretensión de la DGA y del Ayuntamiento era "conseguir el traslado al territorio aragonés de los bienes objeto de tales contratos", la misma que en su día dio lugar a un conflicto de competencias resuelto a favor de Cataluña.

El hecho de que los recursos se hayan presentado con la autorización de Méndez de Vigo volvió a motivar ayer las críticas de Javier Lambán, quien declaró que más que un ministro se está comportando como "un consejero de la Generalitat", y está teniendo la misma actitud que el gobierno de Puigdemont, con la diferencia de que este envió a Aragón los primeros 51 bienes voluntariamente y en el caso del ministro, el resto de piezas ha habido que ir a buscarlas con la Guardia Civil.

Por su parte, el Ministerio ha justificado los recursos para evitar que una situación de "indefensión" pudiera dar lugar a un recurso ante el Constitucional que anulara todo el proceso.