Aprueban un decreto para que en 2017 no se pierda "ni un euro" del FITE

Soluciona así lo establecido en la ley de presupuestos de Aragón de 2017, que limita la posibilidad de efectuar pagos anticipados por subvenciones.

El pleno de las Cortes de Aragón ha convalidado un decreto-ley del Gobierno que habilita medidas extraordinarias para que en 2017, dada la tardanza en la firma del convenio, no se pierda "ni un euro" del Fondo de Inversiones de Teruel.

El decreto autoriza el pago anticipado de la totalidad de los fondos del FITE, sin la obligación de presentar garantía, para las subvenciones otorgadas a entidades locales y sin ánimo de lucro, y del 50 % para el resto de beneficiarios.

Y soluciona así lo establecido en la ley de presupuestos de Aragón de 2017, que limita la posibilidad de efectuar pagos anticipados por subvenciones, y que imposibilitaría la ejecución de alguno de los proyectos propuestos por la comisión de seguimiento del FITE en su reunión del 24 de octubre de 2017, y consecuentemente se perdería la aportación estatal.

En la exposición de motivos del decreto-ley que aprobó el Gobierno de Aragón el 14 de noviembre pasado se asegura que es necesaria la adopción de esta medida "a la mayor celeridad" debido a que la transferencia a los órganos responsables de los proyectos ha de acometerse a lo largo del año en curso.

Todos los portavoces parlamentarios han coincidido en señalar la importancia de convalidar el decreto-ley para asegurar que llegan a la provincia de Teruel todos los fondos previstos.

Y han insistido en la necesidad de acelerar la firma de los convenios, que en 2017 se ha retrasado por la tardanza en aprobar los presupuestos generales del Estado.

El Fondo de Inversiones de Teruel es un instrumento que nació con el objetivo de compensar a la provincia por no haber obtenido Aragón la calificación de Objetivo 1 de la Unión Europea y, por lo tanto, resultar excluida la Comunidad Autónoma del Fondo de Compensación Interterritorial.

El 20 de octubre de 1992 (con Gobierno socialista en el Estado y del PP-PAR en la comunidad) se firmó el primer convenio del entonces llamado Fondo Especial de Teruel, con una dotación inicial de 1.900 millones de pesetas anuales financiadas al 50 por ciento por cada administración, acuerdo que se materializó finalmente a partir de 1993.

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