El refuerzo de las inspecciones del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales en residencias de mayores no solo se traduce en órdenes de cierre y sanciones por irregularidades. En los últimos meses, el Gobierno de Aragón ha denunciado hasta cinco casos ante la Fiscalía y la Policía, al considerar que las situaciones detectadas en distintos centros podían ser constitutivas de delito. La consejera María Victoria Broto dio este dato durante una comparecencia en las Cortes que había solicitado Podemos para que informara sobre la calidad en la atención y prestación de servicios en los centros geriátricos de la Comunidad.

Según precisaron desde la Consejería, de los cinco casos que se han puesto en conocimiento de las autoridades policiales y judiciales, se investigan dos presuntos delitos de estafa y otros tantos de lesiones por imprudencia, mientras que una quinta causa, que ya ha sido sobreseída por un juez, se refería a un centro cuyos trabajadores no se encontraban en las condiciones adecuadas para desempeñar su labor.

Broto recordó además que en estos dos primeros años del Gobierno PSOE-CHA se ha obligado a cerrar a 17 residencias y se prevé que en breve concluyan los expedientes para hacer lo mismo con otras cuatro, que han recurrido la orden. La última clausurada hasta ahora, el pasado día 1, fue la de Vista Alegre, en el barrio de San José de Zaragoza, donde vivían 40 personas y a la que se ordenó cesar su actividad a los pocos meses de retomarla sin la licencia requerida, de la que también carecía en su primera etapa.

Por otra parte, se han tramitado un total de 21 expedientes sancionadores por diferentes incumplimientos. De ellos, 13 son ya firmes y los otros 8 casos están en proceso de resolución, informó. No obstante, varias de las residencias a las que se les han impuesto las multas más altas (que pueden rondar los 40.000 euros), han acabado cerrando por iniciativa propia.

Todas estas actuaciones son consecuencia del plan de inspección 2016-2018 puesto en marcha por la Consejería después de que en julio de 2015, nada más llegar al Pignatelli el Ejecutivo de Lambán, nueve ancianos fallecieran en el incendio de la residencia zaragozana Santa Fe, provocado presuntamente por una usuaria, que será juzgada a partir del día 19 y se enfrenta a 62 años de cárcel.

Hacer cumplir los contratos

María Victoria Broto –que subrayó que estos centros también están sometidos a controles por parte de las direcciones generales de Consumo y Salud Pública– defendió que se está haciendo una inspección "a conciencia". "Hay que trasladar a los ciudadanos que las residencias tienen calidad y que pueden estar tranquilos", respondió a la podemista Marta Prades, que consideró que las revisiones "se quedan cortas y deben ir más allá" porque "hay situaciones que se repiten".

Prades criticó especialmente que la DGA contrate con empresas que prestan servicios como la limpieza en residencias incluso después de que sus empleados denunciaran impagos de las nóminas, como ocurrió, afirmó, en la de Tarazona hace unos meses. Por ello, instó a Broto a incluir cláusulas sociales en los contratos y a "apostar por internalizar" estos servicios "para garantizar una buena asistencia".

Broto respondió que, a su juicio, "no es el momento" de hacerlo y destacó que su Departamento ha puesto en marcha una unidad de seguimiento que, además de unificar el sistema de quejas, se encarga de supervisar el cumplimiento de los contratos y preparar nuevos pliegos de condiciones con cláusulas sociales. "De ninguna manera voy a defender a empresas que no cumplen con los trabajadores, pero con la Ley de Contratos del Sector Público es muy difícil desprenderse de ellas" al primar la oferta económica, aseguró la consejera, que deploró la existencia de compañías "voraces". "Sus servicios jurídicos nos superan y son capaces de burlar a la Administración para hacerse con los contratos", lamentó, al tiempo que proclamó que no descansará "hasta que no puedan presentarse a ningún concurso".

A este respecto, Elena Allué, por el PAR, animó a intensificar la vigilancia para obligar a las concesionarias a cumplir y a denunciar "sin miramientos" los contratos que no se respeten –de momento la Consejería no ha rescindido ninguno–, mientras que Patricia Luquin (IU) sugirió unir fuerzas en el Congreso de los Diputados para modificar la ley.

Por su parte, la popular Ana Marín reclamó a Broto "medidas efectivas y concretas para resolver los problemas que hay encima de la mesa". Y Desirée Pescador, de Ciudadanos, pidió extremar las garantías y tachó de "intolerable" que "en algunos centros privados se nieguen a facilitar hojas de reclamaciones".