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Ministerio de Defensa

Seis familias del Yak reclaman indemnización al Estado por la responsabilidad patrimonial

Solicitan 50.000 euros a cada viuda y 25.000 por cada huérfano 

Actualizada 05/06/2017 a las 16:45


Seis familias de víctimas del Yak han presentado un recurso reclamando indemnización al Estado contra la resolución de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, que admitió la responsabilidad patrimonial en la tragedia aérea en 2003, en la que murieron 62 militares.

Seis viudas y doce huérfanos de los fallecidos argumentan que si el Gobierno hubiera admitido su responsabilidad hace 14 años, cuando ocurrió el accidente del avión alquilado por Defensa a la empresa ucraniana UM Air, se hubieran ahorrado "tanto desgaste emocional" y "un gran desembolso económico". "En estos años nos han regalado un sufrimiento gratuito, que para nosotros no tiene precio", señalan las familias recurrentes. 

"Queremos justicia real. Sra. Cospedal acepte nuestras pretensiones y no nos haga tener que iniciar otro proceso judicial, déjenos empezar el duelo hoy mismo", señalan los afectados, para quienes que la ministra de Defensa acepte su reclamación supone "poner en valor la vida de 62 auténticos héroes, cuyo único pecado fue representar a España ayudando al prójimo en Afganistán o Kirguizistán".    

El recurso contra la resolución del Ministerio de Defensa se ha interpuesto por las familias de los comandantes José Manuel Ripollés, Felipe Perla, José Antonio Fernández y Antonio Novo, así como del brigada Francisco Moro y del sargento primero José Luis Moreno.

La reclamación reclamada a Defensa supone una cantidad suplementaria del Estado que sería de 50.000 euros por viuda y 25.000 por cada huérfano.    

Los letrados de estas seis familias consideran que el hecho de que se hayan asignado otras indemnizaciones por otras vías (civil y penal), "no excluye el deber resarcitorio de la Administración", cuando ha existido una responsabilidad por un comportamiento que nio se ha tenido el deber jurídico de soportar. Si no fuera así, consideran que se desvirtuaría la institución de la responsabilidad patrimonial.

Las familias que recurren defienden que la responsabilidad por la mayor tragedia del Ejército en tiempos de paz "resulte gratuita e impune". "No tenemos que soportar la resignación al saber que ningún responsable de la tragedia vaya a pagar por no haberla evitado y que dicha responsabilidad no conlleve un resarcimiento", denuncian en una nota de prensa.

Han puesto como ejemplo de los agravios que se han producido al dictaminar la culpa y las indemnizaciones por los tribunales en Zaragoza con la vía civil o el juicio por incendio forestal en Guadalajara en 2005 en el que murieron once personas. Mientras el primer juicio condenó en 2006 a Um Air y su contratista Chapman Freeborn a unos 200.000 euros por familia, lras ser anulada por defectos formales, la segunda sentencia dictada en 2010 los condenó a 120.000 euros, con una minoración de 80.000 a cada familia afectada. Respecto a los fallecidos en el incendio recibieron 180.000 euros por cada familia por la responsabilidad patrimonial. 

 

     





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