El último escolta regresa a Aragón

El Ministerio del Interior suprimió los últimos escoltas del País Vasco y Navarra el pasado viernes 31 de marzo ante la entrega de armas de ETA el próximo sábado. Apenas quedaban un centenar. Uno de ellos, el zaragozano Gabriel Giner, sintió una "satisfacción enorme" por haber resistido trabajando hasta el final "de la lucha armada de ETA" y cumplir catorce años protegiendo a distintas personas entre el País Vasco y Navarra. Celebró con su familia el 46 cumpleaños el pasado 1 de abril, el primer día de su nueva vida que le conduce a regresar a Zaragoza, su ciudad natal, y a buscar un nuevo trabajo. "Quiero acabar la carrera de Derecho este verano. La he tenido que sacar a marchas forzadas en tres años y prepararme para este momento", confiesa Gabriel Giner. Era consciente de que su trabajo tenía plazo de caducidad desde que ETA anunció el alto el fuego en 2011: "Tenía que ocurrir y es lo normal".

La violencia provocó que hubiera 3.700 escoltas para proteger a políticos y responsables de justicia entre Navarra y el País Vasco. Aun así, Giner cree que las empresas de seguridad no han propuesto "una salida laboral" a esos 3.700 escoltas, sino que ellos se han tenido que "buscar la vida", la inmensa mayoría reubicándose por su cuenta en empresas de seguridad, unos pocos escoltando a mujeres maltratadas en el País Vasco o trabajando en centros penitenciarios, y muchos dando un giro de 180 grados.

El escolta zaragozano no solo es de los últimos de esta profesión que prácticamente desapareció el pasado fin de semana, sino que es uno de los pocos que sufrió en sus carnes un atentado de ETA y además puede contarlo, aunque resultó herido grave y pasó cerca de un mes en la uci. "La explosión me provocó quemaduras en toda la cabeza, me tuvieron que poner 33 puntos en las heridas por la metralla y me hicieron un injerto de piel en la mano derecha. No hubo, como se dijo, fallo alguno en el artefacto. Yo escapé, pero los etarras querían que muriera en el incendio posterior a la explosión, como le pasó meses después al inspector de policía Eduardo Puelles", relata Gabriel Giner.

El atentado ocurrió el 9 de octubre de 2007 en la calle Zamakola, en el barrio de la Peña, en Bilbao, con una bomba lapa que colocaron los terroristas en el vehículo (escondido al lado del depósito de combustible e invisible tras revisar el coche) en el que habitualmente ejercía sus funciones de escolta del concejal del PSE del Ayuntamiento de Galdácano (Vizcaya) Juan Carlos Domingo Galíndez. Fue operado en el hospital de Cruces, en Baracaldo, y lo trasladaron al Miguel Servet de Zaragoza, donde lo trataron en Quemados y está muy agradecido por el trato recibido.

Como víctima de terrorismo, Gabriel Giner valora que las Fuerzas de Seguridad del Estado descubrieran que la autoría de su atentado era del Comando Otazua, uno de los más sanguinarios y activos en las últimas acciones armadas de ETA y que la Audiencia Nacional condenó a penas de 31 años de cárcel a sus integrantes Daniel Pastor, Íñigo Zapirain y Beatriz Etxebarria. "Cuando entré a declarar al juicio ya no estaban en el banquillo porque ya habían montado un altercado cuando declararon, y los desalojaron", recuerda.

"El fin de la lucha armada"

"Ahora es casi imposible que la banda terrorista vuelva a asesinar", asume, "por la presión social y policial, que es un referente mundial en la lucha contra el terrorismo". "Eso no significa", agrega, que el acto que se celebrará el próximo sábado en Bayona, en el que está previsto que entreguen 55 armas y 2.500 kilos de explosivos vaya a ser "el fin de ETA". Cree que la banda terrorista busca repercusión internacional, pero tiene muy claro que ETA "no es solo la lucha armada" sino que hay otras cabezas de serpiente de la banda, como el aparato económico, el propagandístico o el apoyo social y de otras organizaciones contra las que hay que seguir luchando.

"También hay que hacer frente a ETA en los juzgados y que se resuelvan los 374 asesinatos pendientes de resolver", opina Gabriel Giner. Por eso, está de acuerdo con la batalla de Daniel Portero (presidente de la Asociación de Dignidad y Justicia) para que los delitos de la banda terrorista se consideren de lesa humanidad para que no prescriban y que se siga castigando la pertenencia a la banda armada como delito continuado. Opina que hay que apoyar la tremenda labor de las asociaciones de víctimas.

Ante esta coyuntura, ha pasado sus últimos años en Pamplona protegiendo a personalidades ligadas a la justicia en Navarra y valora que ha vivido "menos presión social" que en el País Vasco. Aun así, defiende que la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra) es un ejemplo del terrorismo en esta época, como dijo la Audiencia Nacional, y a la que siguió una manifestación en la capital navarra donde los únicos detenidos fueron "gente venida de Guipúzcoa" (todos ellos de Rentería).