El Gobierno de Aragón ha dado los primeros pasos para adquirir los suelos en los que se levantará en Épila el complejo agroalimentario de Guissona, y evitar así la especulación, para después transmitirlos a la empresa catalana por el mismo precio, calculado en 10.000 euros la hectárea.

En una rueda de prensa, el consejero de Vertebración Territorial, José Luis Soro, ha explicado que ya se ha determinado el área concreta que ocupará el proyecto, 246 parcelas con una superficie de 220,73 hectáreas (2.207.300 metros cuadrados, incluido el suelo que se tendrá que ceder al ayuntamiento) a ambos lados de la carretera A-1305, junto al polígono industrial El Sabinar.

Según el Gobierno de Aragón, el precio de partida de los terrenos es de 10.000 euros la hectárea, es decir, un euro el metro cuadrado y por tanto en torno a 2 millones, pero de ellos hay que descontar las hectáreas que son del ayuntamiento, en torno al 30 por ciento, que serán objeto de una permuta con otros suelos en el municipio que son propiedad de Guissona.

Soro ha indicado, respecto a los terrenos, que son agrarios, que se ha calculado un precio de partida de 10.000 euros por hectárea más los gastos y tributos que se puedan derivar para que al final, al transmitirlos a la empresa catalana, el resultado sea "neutro" para las arcas autonómicas, si bien se tendrá que fijar un justiprecio.

El consejero ha informado en una rueda de prensa de los pasos que ha dado el Gobierno acompañado por el titular de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, quien ha indicado que el proyecto también requiere de una evaluación de impacto ambiental, a través del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) para garantizar la objetividad, si bien ha adelantado que no afecta a espacios protegidos ni de la Red Natura o a áreas de protección de especies.

Soro ha destacado que el Gobierno ha podido iniciar ya los trámites para adquirir los terrenos, con avenencia o por medio de la expropiación, gracias a un decreto ley para evitar así movimientos especulativos, ya que con la legislación heredada del anterior gobierno tendrían que haber comenzado una vez aprobado el Plan de Interés General de Aragón (PIGA), previsto para final de agosto de 2018, con lo que se podrían haber producido "incrementos artificiales de precios".

Así, ha indicado que el Consejo de Gobierno dio ayer los primeros pasos para comenzar el proceso de expropiaciones declarando su utilidad pública y la necesidad de la ocupación de los suelos necesarios para el desarrollo del PIGA, y reconoció como beneficiaria de la expropiación a Suelo y Vivienda de Aragón, que será la que adquirirá los suelos y después los transmitirá al grupo catalán Guissona por el justiprecio.

Además, se dio el visto bueno a la apertura del procedimiento de información púbica, que es el primer paso de la expropiación, publicando la relación de bienes y derechos afectados.

Soro ha destacado que el Gobierno va dando pasos para cumplir sus compromisos con Guissona y con el ayuntamiento de Épila, lo que demuestra la apuesta por un proyecto "absolutamente prioritario", por el que Guissona invertirá 400 millones en un centro que generará 4.000 empleos directos.

Ha detallado que su departamento, el de Economía y Suelo y Vivienda de Aragón, como promotores del PIGA, presentaron el pasado día 23 en la Comisión Delegada del Gobierno para la política territorial la solicitud con la documentación necesaria para que arranque el plan, teniendo como colaborador al departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad para que emita informe del procedimiento, y la previsión es que a finales de abril el Consejo de Gobierno declare el interés general.

A partir de entonces comenzará propiamente el procedimiento de elaboración y aprobación del PIGA, que será "largo y complejo", aunque ha asegurado que estará finalizado en plazo, antes del 31 de agosto de 2018, y requerirá una evaluación ambiental que conllevará meses de trabajo.

Soro ha precisado que será largo y complejo por su amplio contenido, ya que el PIGA establecerá la ordenación urbanística con el grado de detalle de un plan parcial, incorporará los proyectos de urbanización, también interior y del almacén logístico que Guissona prevé levantar en una primera fase, y la evaluación ambiental.

Una vez aprobado el PIGA se tendrá que dar el visto bueno a la reparcelación y adjudicarles su destino urbanístico antes de octubre de 2018, para que la ejecución de las obras comience en enero de 2019 y cumplir así las etapas fijadas en el convenio.