Continúa el lío por el IVA de la justicia gratuita: las CC.AA. se niegan a pagar

Nuevo capítulo en el asunto del IVA de la justicia gratuita. La abogacía no ha dejado de manifestar su oposición a que los servicios del Turno de Oficio estén sujetos al 21% de IVA a raíz del cambio de criterio de la Agencia Tributaria en la cuestión. Y a este frente se le han sumado ahora las comunidades autónomas, porque una nueva circular informativa del organismo tributario las señala como las administraciones públicas que tendrán que hacer frente al pago del impuesto, una obligación que hasta este año era inexistente.

Las comunidades autónomas acudieron este miércoles a Madrid para reunirse con los representantes del Ministerio de Justicia en la conferencia sectorial del ramo que se celebra de forma periódica. Sobre la mesa se dispusieron varios temas de actualidad (como el refuerzo de los juzgados por las cláusulas suelo) y no faltó el tema del IVA y la justicia gratuita.

El ministro Rafael Catalá tuvo que escuchar la opinión de los representantes autonómicos. Según informó este jueves el Consejo General de la Abogacía Española en su página web, todas las comunidades se mostraron contrarias a la aplicación del impuesto. Catalá anunció que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, del que depende la Agencia Tributaria, decidirá en las próximas semanas si da marcha atrás y se vuelve a decretar la exención, un criterio que se ha mantenido desde los inicios del turno de oficio y que cuenta con el respaldo de los letrados, o si se continúa con la idea de aplicar el 21% de IVA.

Si Hacienda decidiera ir por estos últimos derroteros, comentó el ministro siempre según la versión de los hechos del Consejo General, en ningún caso el IVA lo tendrían que asumir los beneficiarios de la Justicia gratuita ni los abogados.

Así las cosas, parece que sin decirlo el ministro señaló directamente a la administración como la obligada a abonar el impuesto. La que no ha dejado lugar a dudas ha sido la propia Agencia Tributaria en una nota informativa que ha colgado en su web. "Dadas las dudas suscitadas en relación con la tributación en el IVA del turno de oficio", dice el documento, "debe aclararse que la repercusión en factura del IVA al beneficiario de la asistencia jurídica gratuita por parte de abogados y procuradores no obsta para que la Administración Pública competente asuma todos los gastos derivados de la prestación de este servicio, incluido el IVA".

Y añade: "el destinatario del servicio de asistencia jurídica gratuita [...] es el beneficiario del derecho, con independencia de que la administración pública competente efectúe el pago material de dichos servicios".

Fuentes del departamento de Presidencia y Justicia del Gobierno de Aragón verifican que este asunto se trató en la conferencia sectorial de este miércoles y explican que, tal y como está configurado el impuesto del IVA, no tienen lugar a dudas de que si Hacienda cambia el criterio y quiere acabar con la exención, serán ellos los que tendrán que pagar. "Si tú eres un abogado y prestas un servicio de justicia gratuita, cargarás el 21% de IVA y lo soportará el destinatario de la factura, que es la administración autonómica", apuntan de forma gráfica estas fuentes.

Esta aceptación de las circunstancias, sin embargo, no es total ni definitiva. En la DGA se admite que habrá que estar pendientes de la decisión de la Agencia Tributaria y que este será un tema para tratar con detenimiento con el resto de autonomías y con el Ministerio de Justicia. Porque aunque las facturas de justicia gratuita las abonan las administraciones autonómicas, el dinero les llega del Estado y un 21% de incremento en el presupuesto es una cantidad a tener en cuenta.

"Será objeto de debate, seguro", señalan desde Presidencia y Justicia. Mientras, los abogados, tanto a nivel nacional como autonómico, siguen pidiendo que no se aplique el IVA a este servicio.