Aragón no podrá convocar las oposiciones de Educación de este año

Tras meses de incertidumbre sobre si se convocarían o no oposiciones educativas este año 2017, el Gobierno central decidió ayer por la Comunidad: no habrá oferta de empleo público porque, según el Ministerio de Educación, Hacienda no lo permite sin tener los presupuestos generales del Estado aprobados. Además, en una mesa técnica celebrada ayer con todas las autonomías, advirtió de que impugnará cualquier convocatoria de oposiciones que se llegue a aprobar.

La decisión final de Madrid no sentó muy bien al Gobierno de Aragón, que había llegado a un acuerdo con los sindicatos y ya tenía planificadas las próximas ofertas de empleo público hasta 2019, que ahora habrá que reorganizar. La consejera, Mayte Pérez, recordó que hace un mes que habían preguntado ya por este asunto al Gobierno central, pero solo como una manera de tener seguridad jurídica, ya que no consideraban que porque los presupuestos estuvieron prorrogados no se pudieran hacer oposiciones. "Pero ayer preguntamos en la reunión con el Ministerio y no deja. Es una decisión que no ayuda al pacto educativo que se busca. Impedir que las Comunidades tomen sus propias decisiones nos parece una actitud muy prepotente", manifestó.

La imposibilidad de convocar las pruebas da al traste con el acuerdo al que habían llegado la Administración aragonesa y los sindicatos, y que preveía sacar a concurso este año 158 plazas de quince especialidades, principalmente, de Formación Profesional, y también de Matemáticas (un total de 59) y Economía (10), en el caso de secundaria. También se iban a poner en juego vacantes de Inglés para las Escuelas de Idiomas. Los exámenes para el resto de especialidades de secundaria y FP, y la mayoría de régimen especial, se iban a hacer en 2018 y, para 2019, estaban previstas las oposiciones a maestro.

A este pacto se había llegado para intentar coincidir lo máximo posible con las que celebren otras Comunidades y evitar así el efecto llamada. Además, se quería contar con una planificación a largo plazo para que los estudiantes conocieran cuándo se examinarían con suficiente antelación.

Pero la negativa de Madrid a autorizar estos procesos en todo el país trunca este proceso a tres años y obliga a sentarse de nuevo a negociar. Esta misma mañana comenzará esta reorganización, ya que DGA y sindicatos celebran una comisión de seguimiento de las oposiciones en la que deberán darse los primeros pasos para establecer el nuevo calendario.

Según Alfonso Zafra, de CSIF, su intención es ir "con un folio en blanco" y escuchar el posicionamiento de la Administración y el resto de las organizaciones. "También vamos a denunciar esta situación de incertidumbre, ya que no entendemos que no haya oposiciones porque no estén los presupuestos aprobados". Según Zafra, las 158 plazas comprometidas para 2017 ya existen en la actualidad, solo se trataba de que interinos pasaran a ser funcionarios de carrera, por lo que denunció que el Ministerio "esté priorizando la inestabilidad laboral".

En la misma línea se manifestó ayer José Luis Cimorra, de CC. OO., que considera "una barbaridad" la decisión de Madrid. "Los opositores están en medio de dos fuegos, no sabemos si políticos", dijo. Cimorra cree que la solución será pasar las 158 plazas que salían a concurso este año a 2018, tratando de mantener las que ya se preveían para ese año en la medida de lo posible. "El número de tribunales que haría falta sería muy grande, así que habrá que ajustar la oferta al nuevo momento, buscando el menor daño posible".

Un objetivo cumplido

En las últimas semanas, un grupo de opositores aragoneses había iniciado una campaña que ayer llevaba 3.200 firmas recogidas, precisamente, para pedir retrasar las oposiciones, un extremo que ahora se cumplirá. Su reivindicación se basaba en el hecho de que muchas comunidades como Castilla y León, Navarra o La Rioja hubieran decidido dejar las oposiciones directamente para 2018 ante la falta de concreción del Ministerio y la duda de si podrían convocarlas finalmente. Esta queja contaba con el apoyo del sindicato STEA, que no firmó el último acuerdo entre Administración y sindicatos, y que ayer recibió con alegría la noticia. "Nos alegramos por los opositores del 2017, aunque nos hubiera gustado que no fuera una imposición de Hacienda. Pedimos ahora que se aproveche este paréntesis para acordar unas oposiciones más ambiciosas, que estén por encima de la tasa de reposición y sirvan para reducir la alta interinidad docente, que es el 33% en Aragón", declaró Tomás Sancho, portavoz de STEA.

Las plazas ofrecidas

158 plazas se iban a poner en juego en las oposiciones de Educación para este año: Matemáticas (59), Economía (10); Sistemas y aplicaciones informáticas (11); Procesos de gestión administrativa (13); Cocina y pastelería (8); Instalaciones electrotécnicas (5); Mecanizado (9); Mantenimiento de vehículos (5); Procedimientos sanitarios y asistenciales (6); Técnicas y procedimientos de imagen y sonido (5). Además, Inglés en Escuelas Oficiales de Idiomas (14) y especialidades de conservatorio como Oboe (3), Percusión (4), Trombón (3) y Lenguaje Musical (3).