El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha dado la razón al Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Ejecutivo autonómico y en una sentencia dictada el martes confirma el cierre (y la sanción económica) de dos residencias de ancianos de Zaragoza. Además de estas, otro centro –que había sido también inspeccionado en los últimos meses– ha anunciado a la Consejería que cesará en su actividad antes de marzo al no poder cumplir con los requisitos que se le exigen para permanecer en activo. Con estas tres son ya 17 las residencias cerradas en Aragón en el último año y medio. Fuentes de la secretaría general técnica del Departamento de Ciudadanía explicaron ayer que las dos primeras (que tienen el mismo titular), a las que se les había abierto expediente y lo recurrieron en los tribunales, carecían de planes de prevención de incendios y no tenían vías de evacuación. Por ello, tras la inspección realizada, se les impuso una multa de 30.000 euros y se les ordenó cerrar las instalaciones. La tercera, a la que la inspección le detectó varias irregularidades en su funcionamiento, ha asumido la imposibilidad de subsanar estas deficiencias y ha optado por cerrar. Estas tres residencias formaban parte de un paquete de cinco que fueron inspeccionadas el pasado año y se les abrió expediente al detectarse diferentes irregularidades en su funcionamiento. De este grupo, aún quedan dos centros de mayores cuyo futuro depende de su capacidad para ajustarse a los requerimientos que se les plantearon tras la inspección.

Hay que recordar que Ciudadanía y Derechos Sociales intensificó las inspecciones de las residencias de ancianos tras el incendio del centro de Santa Fe ocurrido en julio de 2015, en el que murieron nueve personas. Según los datos facilitados en su momento por la Consejería, a raíz de estos controles, el año pasado se detectaron anomalías en 45 centros. Gran parte de estos negocios carecían de autorización para operar como residencias, pero cumplían con los requisitos exigidos para hacerlo, por lo que se les brindó la posibilidad de regularizarse y adaptarse a la normativa. Del resto, a lo largo de 2016 fueron cerradas 14 residencias y otras 5 expedientadas quedaron a la espera de ver si podían corregir las deficiencias detectadas. De estas últimas, tres han sido clausuradas ahora.

Del balance de actuación en el ámbito de las residencias de mayores habló ayer el director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Joaquín Santos, aunque él se centró en la política que ha desarrollado el Ejecutivo autonómico y eludió hablar del Plan de Inspección. En lo que va de legislatura, explicó Santos en las Cortes de Aragón, el número de plazas concertadas ha aumentado un 34% (alrededor de 400), por lo que en este momento, el IASS cuenta con 1.900 plazas de residencias propias (repartidas en 15 centros públicos) y otras 1.600 concertadas.

El gerente del IASS, que compareció a petición de Podemos en la Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales, avanzó que para este año las prioridades presupuestarias del Instituto se orientarán a la eliminación de las listas de espera para acceder a las residencias y a mantener las inversiones para adaptar los centros.