La DGA confía en que el monasterio de Rueda se pueda volver a visitar este año

El Gobierno ha presentado una demanda contra la adjudicataria de su gestión y explotación, la UTE Manzana Plus, a la que acusa de incumplimiento del contrato.

El monasterio de Rueda.
El monasterio de Rueda.
Heraldo

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, confía en que a lo largo de 2017 el monasterio de Rueda pueda volver a abrirse para visitas y que se resuelvan en breve las medidas cautelares solicitadas para que el Gobierno de Aragón pueda recuperar su posesión.

Soro ha mantenido una reunión con el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, para valorar la situación en la que se encuentra el monumento después de que el Ejecutivo haya presentado en enero una demanda "de casi cien folios" al constatar que era imposible alcanzar un acuerdo con la adjudicataria de su gestión y explotación, la UTE Manzana Plus, a la que acusa de incumplimiento del contrato.

Tanto el consejero como el Justicia han destacado el acuerdo existente entre ambas instituciones en los pasos dados por el Gobierno aragonés para la resolución de este conflicto que se remonta al año 2014 cuando se adjudicaron de forma conjunta a la citada UTE tres aspectos diferentes que, en opinión de Soro, es donde surge el problema: la gestión y explotación de la hostelería; la parte turística y las visitas guiadas, y también el mantenimiento del entorno del monasterio.

Desde el principio "hubo problemas de gestión", aunque el detonante llegó en diciembre de 2015 cuando la adjudicataria dejó de pagar a Endesa, lo que provocó el corte del suministro eléctrico y de agua, y conllevó el cierre de la hospedería, aunque las visitas continuaron hasta abril de 2016, y de forma paralela no se han realizado labores de mantenimiento.

"Ha habido un incumplimiento gravísimo de las obligaciones del contrato", ha insistido Soro, quien ha destacado la actuación realizada desde Turismo de Aragón, que "se han dejado la piel con este asunto", ya que ha habido infinidad de reuniones y comunicaciones con la concesionaria para solucionar el asunto, y con la que ha sido imposible llegar a un acuerdo como sí se ha alcanzado con otras hospederías para recuperar la posesión y poder volver a licitarla .

Ante esta situación, en junio de 2016 el consejo de administración de Turismo de Aragón acordó resolver el contrato, que expiraba en 2017, y en septiembre decidió ir a los tribunales en enero con una demanda "muy extensa" por los incumplimientos "graves" del contrato.

En la demanda el Gobierno de Aragón insta la resolución judicial del contrato para que pueda volver a licitarse en el futuro con una idea "muy clara" que es separar la gestión y licitar por un lado la explotación turística de las visitas guiadas, por otro la gestión y explotación hotelera y por otro el mantenimiento, como se ha hecho, por ejemplo, en San Juan de la Peña.

No obstante, ello no podrá hacerse hasta que el Ejecutivo no recupere la posesión del monasterio y no se resuelva el contrato, ha insistido Soro, por lo que, además de la indemnización correspondiente, se pide una medida cautelar para que antes de que haya sentencia se pueda recuperar la posesión, que es "la mayor urgencia".

El consejero ha defendido la presentación de esta demanda como única salida posible ante la imposibilidad de haber podido alcanzar un acuerdo con la adjudicataria y ha mostrado su confianza en que se acuerde la medida cautelar "muy rápido" para que se pueda recuperar la posesión y se pueda volver a reabrir el monasterio este año, realizar el mantenimiento necesario y, en un futuro, "disfrutar también de la parte hotelera".

Después habrá que discutir la cuestión de fondo, es decir, si ha habido incumplimiento o no por parte de la adjudicataria, que el Gobierno de Aragón entiende que sí "a la vista del pliego, del contrato y de la realidad de los hechos", un incumplimiento "grave, sustancial y flagrante".

Soro ha señalado que hasta la fecha no tiene conocimiento de que la adjudicataria haya presentado acciones legales, algo a lo que también tiene derecho, ha reconocido, toda vez que la ha acusado de actuar "de mala fe" al no permitir que el Gobierno de Aragón recupere la posesión del monumento mientras los tribunales resuelven sobre el incumplimiento.

En este sentido, ha añadido que no saben cómo se encuentra el monasterio porque la concesionaria no les permitió la entrada cuando hace unos meses acudieron con la notaria de Caspe para realizar una visita.

El consejero ha destacado que están en "la línea de lo que planteó el Justicia", una actuación que ven como "apoyo e impulso" a la actuación del gobierno y que les da "mucha tranquilidad".

En este sentido, García Vicente ha insistido en que "apoya" lo que hace el Gobierno de Aragón en este asunto y ha pedido a la adjudicataria que actúe, si no con generosidad, al menos con racionalidad por que "no tiene ningún sentido tener cerrado un monumento como éste, que además tiene un valor económico y simbólico" para todos los aragoneses.

"Y nos gustaría que los tribunales, en la medida de lo posible, aceleraran la resolución de este conflicto porque es importante y el tiempo juega en contra", ha concluido el Justicia.

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