Las claves sin resolver del accidente del Yak-42

Cuando la responsable de Defensa, María Dolores de Cospedal, prometió ayer que buscará "dentro o fuera" del Ministerio los documentos de la contratación del Yak-42 y de las otras 42 aeronaves soviéticas que llevaron a militares españoles a Afganistán en 2003, alimentó las esperanzas de las familias de las víctimas, ya que la Audiencia Nacional archivó esta parte de la investigación. Trece años después de la tragedia que costó la vida a 62 militares españoles en Trabzon (Turquía),  quedan una serie de claves por resolver. Otras se despejaron en los juzgados turcos, antes de llegar a España, donde al final se pudieron resolver.

1. El sumario de las contrataciones fue archivado por el juez Fernando Grande-Marlaska de la Audiencia Nacional en 2012. Posteriormente, el magistrado instructor fue apoyado por las resoluciones del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo de Derechos Humanos de Estrasburgo, este último en diciembre 2014. En las 43 contrataciones de los aviones soviéticos para trasladar a militares españoles se consideró  que la actuación de los altos mandos procesados "no generaron un riesgo no permitido, ni ostentaban la condición de garantes de que el resultado no se produjera". A pesar de esta decisión, los familiares y la Fiscalía recurrieron el auto de sobreseimiento del juez por "contradictorio, incorrecto procesalmente y quiebra la tutela procesal efectiva".

Además, criticaron que se diera cerrada por completo la investigación cuando quedaban "sin duda" muchas circunstancias sin determinar. Una de ellas eran los documentos de la contratación de los aviones del Yak y de los otros 42 aviones. El ministro de Defensa, José Bono, descubrió que España pagó 149.000 euros por el contrato del Yak-42 pero que la empresa ucraniana Um Air solo recibió 38.000 y había seis subcontratas por medio. Es decir, que se quedaron 110.000 euros por el camino y nadie sabe quién lo recibió. Cuando el Consejo de Estado requirió al Ministerio de Defensa el contrato del Yak, siendo titular Pedro Morenés, replicaron que no lo habían encontrado.

2. El Ministerio de Defensa dirigió una carta a la agencia Namsa_de la OTAN, a través de la que se alquiló el Yakovlev 42 y  le reclamó una indemnización de 3,7 millones de euros por el incumplimiento de su deber de supervisión y control de las subcontratraciones con las que se fletó el avión siniestrado. Pero la OTAN_replicó que España tenía la posibilidad de revisar esas aeronaves y no lo hizo. Esta fue una de las claves del informe de un teniente coronel Javier Marino González del Cesit (Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército del Aire) sobre los "altos riesgos" de la contratación de estos aviones soviéticos y trasladar en ellos a los militares españoles. En el mismo se ha basado el dictamen del Consejo de Estado para argumentar la responsabilidad de no evitar el accidente.

3. España llevó a la misma agencia Namsa_a un tribunal de arbitraje para intentar recuperar el seguro de vida de los 62 fallecidos, que no estaba contratado, y el Gobierno del PP tuvo que asumirlo en agosto de 2003 para indemnizar a las familias (75.000 dólares cada uno). El coste total ascendió a 4,5 millones de euros y la OTAN no se hizo cargo. No se sabe quién se quedó con el dinero del seguro, porque España estaba obligada a contratarlo para cada soldado y tuvo que ocurrir el accidente del Yak-42 para saber que los militares españoles volaban sin seguro de España a Afganistán (6.000 kilómetros) en la operación logística más importante del Ejército español. ¿Quién se quedó ese dinero? Esa una pregunta que aún no tiene respuesta.

4. Los forenses de Estambul  tomaron muestras de ADN de los 62 militares fallecidos en Trabzon el 26 de mayo de 2003 y dos generales españoles (Vicente Navarro y José Antonio Beltrán) firmaron que se hacían cargo de los 30 fallecidos sin identificar. El general Navarro, jefe del equipo médico español, y los comandantes médicos José? Ramón Ramírez y Miguel Ángel Sáez, fueron condenados en 2009 por falsificación documental. El general falleció y los dos oficiales fueron indultados por el Gobierno en 2012. Los 30 mal identificados tuvieron que ser exhumados después de las pruebas de ADN en Turquía y en la Audiencia Nacional. Varias familias, como la de Paco Cardona, han reclamado que se recuperen las muestras de Estambul para tenerlas con ellos  porque su hijo fue inhumando y todavía están allí.