Las víctimas del Yak-42 sopesan otra querella tras el dictamen del Consejo de Estado que culpa a Defensa
Rajoy dice que fue hace "muchísimos" años y "está sustanciado judicialmente". La oposición pide el cese de Federico Trillo como embajador en Londres.
Trece años y medio después de que 62 militares españoles perdieran la vida al estrellarse en Turquía el Yakovlev 42 en el que regresaban de Afganistán, el Consejo de Estado máximo órgano consultivo del Gobierno de la nación acaba de emitir un dictamen en el que responsabiliza al Ministerio de Defensa por haber permitido que se produjera la tragedia al hacer caso omiso de un informe secreto del Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército que advertía de la falta de seguridad. Las familias de las víctimas, "satisfechas" por el pronunciamiento, pretenden ahora apoyarse en sus conclusiones para intentar que la Audiencia Nacional retome la investigación penal.
El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional rechazaron la posibilidad legal de reactivar el caso por las posibles irregularidades en la contratación del fatídico vuelo, criterio que avaló después el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por ello, según el portavoz de la asociación de víctimas, Miguel Ángel Sencianes, lo que no se descarta ahora es interponer una nueva querella para aclarar si hubo comisiones ilegales en la contratación de los 43 vuelos anteriores al del Yak-42.
"Se están corriendo altos riesgos al transportar personal en aviones de carga fletados en países de la antigua URSS, su mantenimiento es como mínimo muy dudoso", decía el informe emitido un mes antes del trágico suceso, acaecido el 26 de mayo de 2003 junto a un monte próximo al aeropuerto de Trebisonda. Los entonces responsables de Defensa cuestionaron la competencia del redactor de aquel documento, alegando que "no tenía ningún conocimiento en seguridad aeronáutica". Frente a esta tesis, el Consejo de Estado recuerda ahora que "desgraciadamente, los hechos se encargaron de demostrar que sus valoraciones no estaban alejadas de la realidad, cualquiera que sea la opinión sobre los conocimientos del autor".
El Ministerio de Defensa, dirigido entonces por Federico Trillo, alegó siempre que de las contrataciones de aquellos vuelos militares se encargaba la OTAN a través de la agencia Namsa. Pero el dictamen del órgano asesor del que ayer informó el diario El País desmonta también este argumento, al afirmar que del contrato suscrito no puede deducirse "un total y completo traslado de responsabilidades", puesto que la legislación española impone al Estado la obligación de comprobar e inspeccionar la actividad de sus contratistas, máxime cuando se trata de actividades de riesgo.
No habrá más indemnizaciones
"Pudieron ser advertidas circunstancias que habrían llamado a la adopción por los órganos competentes de medidas que pudieran haber despejado el riesgo que se corría", concluye el informe del Consejo de Estado, aprobado por unanimidad y que reconoce por primera vez oficialmente la responsabilidad patrimonial de la administración. En cualquier caso, este pronunciamiento no conllevará una indemnización para las familias, al considerar el órgano asesor que ya fueron resarcidas económicamente por la Justicia.
El dictamen no es vinculante, por lo que será ahora la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, quien deba pronunciarse sobre su contenido. En cualquier caso, la asociación de familias de las víctimas ya han solicitado una reunión urgente con ella y el cese "fulminante" de Trillo como embajador de España en Londres. Esto último también lo han pedido la mayoría de los partidos. Por su parte, preguntado sobre el tema, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declaró ayer que el accidente del Yak-42 sucedió hace "muchísimos años" y "ya está sustanciado judicialmente".
