Aragón mantendrá sus 500 cabinas telefónicas en 2017
El Gobierno de España ha decidido mantener los 18.300 teléfonos públicos existentes en el país, al menos, un año más.
Las 500 cabinas telefónicas existentes en la Comunidad permanecerán operativas en 2017. Así lo han anunciado a Heraldo.es fuentes del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, que ha decidido prolongar el mantenimiento de este "servicio universal" durante, al menos, un año más.
"La evolución del consumo de estos teléfonos a lo largo del próximo año determinará nuevas actuaciones en el futuro, pero su eliminación total no se producirá, al menos, a corto plazo", señalan desde el departamento.
No obstante, el próximo 1 de enero finaliza el contrato por el que Telefónica se ocupa de la gestión del servicio y ninguna compañía se ha presentado al concurso convocado por el Ejecutivo para hacerse cargo del funcionamiento de los 18.300 teléfonos públicos que persisten en España, por lo que el Gobierno tramitará una orden de "designación directa" para seleccionar al nuevo operador responsable de ofrecer el servicio.
Esta situación, comentan desde el Ministerio, era "predecible" por la escasa rentabilidad económica de estas cabinas, ya que, de acuerdo con datos del sector, el coste de su mantenimiento alcanza los 7 millones de euros anuales y solo el 34,4% (6.300) obtienen beneficios debido a un uso cada vez menor por parte de los ciudadanos.
De hecho, el Eurobarómetro 2014 anota que el 88% de los españoles encuestados nunca han utilizado este servicio; un porcentaje similar al del resto de los países de la Unión Europea que, según apostillan desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, "no tardará en excluir los teléfonos públicos de los llamados servicios de acceso universal", de forma que los Estados tendrán libertad para quitarlos de la calle.
Un 85% menos de cabinas que en 1999
El número de cabinas telefónicas se ha reducido en España un 84,9% con respecto a 1999, cuando había un total de 55.000. La paulatina caída de su uso ha hecho que la cantidad de estos aparatos se haya adaptado a los mínimos establecidos por el Real Decreto 424/2005, que obliga a incorporar un teléfono público de pago por cada 1.500 residentes en los municipios con más de 500, y al menos uno en aquellos que tengan una población inferior.
En el caso concreto de Aragón, esta tendencia se ha pronunciado en los últimos años, ya que las más de 900 cabinas con las que contaba la Autonomía en 2012 se han reducido en 4 años casi a la mitad hasta situarse en el mínimo establecido por el decreto, fijado en 508.
Una cifra que, según opina José Ángel Oliván, presidente de la Unión de Consumidores de Aragón, es "fundamental" mantener. "El planteamiento de que este servicio es innecesario porque ahora todos los ciudadanos tienen móvil es erróneo; a veces, nos olvidamos de que hay gente que no puede pagarse una tarifa mensual porque vive en una situación muy precaria", critica.
Por ello, considera que la abolición total del servicio "sería un error". "En lugar de eliminarlo habría que abaratar su coste o incluso hacerlo gratuito durante un tiempo limitado, dadas las características de la población que hace uso de estos teléfonos y que, realmente, los necesitan", concluye.
