Quieren volver a cambiar las reglas del agua en España. El candidato del PP, Mariano Rajoy, ha incluido la propuesta de elaborar un nuevo Plan Hidrológico Nacional en el pacto que ha lanzado a PSOE y Ciudadanos para lograr cierta estabilidad si se inicia la legislatura. Según la propuesta lanzada por el PP, el nuevo PHN se haría "desde el consenso con todos los afectados". Lo que no dice el documento es quiénes serían esos afectados y quiénes los beneficiados.

La decisión de impulsar "un Pacto Nacional del Agua" forma parte del ‘Programa para el Gobierno de España’ que presentó ayer el PP como base para conseguir la investidura de Mariano Rajoy. El punto sobre el agua no hace alusión a políticas concretas –no cita ni trasvases ni desaladoras– y, más allá de garantizar que sería por consenso, se limita a añadir que también buscan "un sistema integral de gestión de agua".

La propuesta de revisar la política hidráulica llega cuando este tema parecía desaparecido de los discursos de los principales partidos. De hecho, por primera vez en varias campañas electorales, ninguno de los candidatos principales usó el recurso del agua en sus mítines, ni en Aragón ni en las Comunidades de Cataluña,Valencia y Murcia.

El agua no es en el único aspecto en el que el PP propone un nuevo pacto nacional. También propone una nueva "planificación de las infraestructuras" viarias y ferroviarias. Igual que con el PHN, plantea que lo haría "con el máximo consenso". En este caso, y como punto a favor de Aragón, señala que una de sus apuestas sería "facilitar el transporte de mercancías para colocar nuestra industria logística en una posición cada vez más relevante".

Cambio en el reparto del dinero

Tras el pacto del agua y de las infraestructuras, el PP propone al resto de los partidos acordar también el próximo modelo de financiación autonómica. Consideran que será "una de las tareas esenciales para la próxima legislatura".

Según plantea el PP a PSOE y Ciudadanos, el objetivo es "asegurar un nivel mínimo de servicios en todo el territorio, de forma que todos los ciudadanos puedan acceder al mismo nivel y calidad de servicios públicos básicos". Aunque el planteamiento es muy genérico, sí coincide con la reivindicación de Aragón. Así, la DGA también reclama que el Estado garantice la misma prestación de servicios en el territorio de todas las Comunidades, independientemente de que la población esté dispersa (como es el caso de gran parte de Aragón) o concentrada en grandes urbes (como las Comunidades levantinas, Baleares, Madrid y Andalucía). La propuesta de pacto se hace extensiva también para la financiación local.

Por último, el PP ofrece como parte del pacto una propuesta que solo forma parte de su programa electoral: reformar la ley para que las ciudades las gobierne el candidato que obtiene más votos. Los populares ya lanzaron a los socialistas esta propuesta la pasada legislatura, pero la rechazaron. En caso de que se hubiese llegado a un acuerdo similar antes de las elecciones municipales de mayo de 2015, en Zaragoza y Huesca estaría gobernando el PP, en vez de las confluencias impulsadas por Podemos.