La sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe la captura de especies invasoras como la carpa, el black bass o el siluro sin matarlas posteriormente ha puesto en jaque al sector de la pesca deportiva. El fallo, emitido a raíz de un recurso interpuesto por distintas asociaciones ecologistas, podría conllevar la desaparición de alrededor de 800 campeonatos e importantes pérdidas económicas en Aragón.

Según datos facilitados por la Federación Aragonesa de Pesca y Casting (FAPYC), solo las licencias y los permisos de acceso a los cotos mueven más de un millón y medio de euros anualmente en la Comunidad. Cifra a la que hay que añadir la repercusión que esta práctica tiene en los negocios directa e indirectamente afectados.

Eventos como el XVII Mundial de Carpfishing, que el pasado año atrajo a casi 3.000 turistas a Caspe, ya no podrán celebrarse. Sí aquellos que se desarrollen en aguas que contengan ejemplares autóctonos, difíciles de encontrar en nuestros días. "Esta normativa no tiene ningún sentido porque, desde que se construyeron las presas, casi todos los peces son artificiales", señala Víctor Otal, presidente de la FAPYC. "A partir de ahora, será muy complicado organizar campeonatos", añade. Más aun, teniendo en cuenta que "los pescadores deportivos no tienen intención de matar y solo buscan pasar un rato entretenido, devolviendo después a los peces a su hábitat".

Por ello, Otal subraya que las asociaciones en defensa de la pesca van a luchar "hasta el final" para que se anule o modifique un texto "redactado desde los despachos y sin conocer la realidad". Hace algunas semanas presentaron un recurso al Tribunal Supremo que fue desestimado, y en los últimos días han mantenido encuentros "satisfactorios" con los grupos políticos. "PP, PSOE y Ciudadanos nos han mostrado su rotundo apoyo; Podemos se ha mantenido al margen. Esperamos que con la llegada del nuevo Gobierno el ministro de Agricultura nos escuche y haga justicia", indica, y adelanta que el próximo 5 de junio se manifestarán en la plaza de Colón de Madrid.

Allí, además de intentar "devolver el sentido común a los ecosistemas acuáticos", reivindicarán las "consecuencias económicas negativas" de la sentencia. Localidades como Caspe, Mequinenza, Chiprana o Escatrón, bañadas en el Mar de Aragón, viven en buena parte de la pesca deportiva. "Gracias a esta actividad, nuestra zona viene repuntando a nivel turístico. La mayor parte de la población se dedica a la agricultura o la ganadería, pero la pesca ha crecido mucho últimamente", comenta Vicente Sancho, presidente de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Caspe, y muestra su preocupación por la posible desaparición de "numerosos puestos de trabajo".

En ese sentido, Luisa Serra, presidenta de la Asociación de Pescadores del Mar de Aragón, advierte que los hoteles de la zona ya han sufrido "las primeras cancelaciones". También empresas dedicadas al alquiler de barcos o guías turísticos. "Los clientes nos preguntan que el qué está pasando y no podemos darles una explicación. No hay información clara", lamenta el propietario de una de ellas, y concluye adelantando que la normativa puede suponer el fin de uno de los puntales de desarrollo de la Comarca del Bajo Aragón-Caspe".