El PP ha presentado 60 enmiendas al proyecto de Ley de Integridad y Ética públicas con las que plantea suprimir la agencia que pretende crearse, por considerarla "sectaria", y limitar a dos los mandatos del presidente del Gobierno de Aragón.

La diputada del PP en las Cortes de Aragón Marian Orós ha explicado este jueves en rueda de prensa el contenido de las enmiendas con las que su grupo persigue mejorar un proyecto de ley que aunque tenga un título "muy sugerente", con el objetivo de luchar contra la corrupción, esconde deficiencias "preocupantes".

Para Orós, la ley es una "macedonia" con la que el Gobierno modifica cinco leyes de la comunidad para enmarcar la creación de una agencia de integridad y ética innecesaria, de control con "tintes sectarios, al estilo de la Stasi" de la Alemania del Este.

Porque además de que ya existen diversos organismos que ejercen las funciones que se le atribuyen, ha dicho la diputada, tendría competencias de investigación, registro o acceso a datos bancarios y sería a criterio de la propia agencia si se admite o inicia una investigación o no, cuando es una labor de la fiscalía y de los jueces.

"Aragón no necesita otro órgano de control porque los tiene", ha indicado Orós, quien no obstante ha admitido que hay que mejorar algunos, como la Cámara de Cuentas, para que tenga un verdadero régimen sancionador, o el Justicia, si bien no caben en la ley de integridad porque no habla de esas instituciones, y por tanto el PP presentará proposiciones de ley al respecto.

El PP ha criticado además que la ley de integridad dedique 19 artículos a esa agencia y solo uno a la figura del denunciante cuando "es quien el que denuncia desde dentro el que puede la mayor parte de las veces sacar a la luz los casos de corrupción".

Su grupo plantea al respecto que el estatuto del denunciante tenga ley propia y que se cree una oficina jurídica, no política, que lo acompañe en todo el procedimiento, y un pequeño fondo de contingencia que cubra las necesidades que pueda tener, porque "a veces es complicado seguir todo el trámite si no se tiene apoyo".

En un segundo bloque de enmiendas los populares apuestan, entre otras cuestiones, por ampliar el régimen de incompatibilidades, para que los bienes, patrimonio y renta de los altos cargos y consejeros sean "totalmente" públicos y no se restrinja la publicación de los datos relativos al patrimonio.

En cuanto a los "lobbies", el PP quiere que dependan de las Cortes y no del Ejecutivo.

Asimismo, el PP ha presentado enmiendas respecto de las leyes que se quieren modificar, entre ellas la del Presidente, para limitar a dos los mandatos al considerar que ocho años son "más que suficientes" para que desarrolle sus políticas públicas.

Respecto a la ley de contratos, el PP propone que no solo se haga un seguimiento de la adjudicación de los contratos, sino sobre todo del proceso de ejecución, y también que haya un responsable de cada contrato y que se prohíban los negociados sin publicidad cuando la justificación sea solo económica.

En cuanto a la ley de subvenciones, el PP quiere que haya un informe a las Cortes cuando se establezcan o suspendan subvenciones que se dan a las diferentes entidades no contempladas en planes estratégicos de más de 500.000 euros.

Orós ha criticado que la ley "nace mal de fondo y de forma", y ha considerado que lo lógico habría sido crear una comisión, como planteaba el PP, para debatir sobre la regeneración democrática, la transparencia y la ejemplaridad de los cargos.