Podemos cree que Lambán intenta tapar responsabilidades del gobierno de Marcelino
El consejo de administración decidió no emprender acciones judiciales en la construcción de varias naves.
Podemos Aragón dice que la decisión del consejo de administración de Plaza de no emprender nuevas acciones judiciales por el precio que abonó por la construcción de varias naves entre 2004 y 2008 a la empresa Codespot demuestra que el Ejecutivo de Javier Lambán "intenta tapar nuevas responsabilidades políticas y judiciales del gobierno de Marcelino Iglesias en Plaza".
En una nota de prensa, el Grupo Parlamentario de Podemos en las Cortes informa de que ha solicitado la comparecencia de la consejera de Economía, Marta Gastón, para que explique los motivos por los que el consejo de administración de la empresa pública Plaza "ha renunciado a proteger los intereses económicos públicos al evitar que se investigue el sobreprecio de 2,6 millones de euros pagado a Codesport en tres promociones inmobiliarias en la plataforma logística de Zaragoza".
El consejo de administración tomó la decisión, según informó ayer el ejecutivo autonómico, en función de las recomendaciones realizadas por los servicios jurídicos de la Diputación General de Aragón que consideran que existen "importantes dificultades" para que prosperen estas medidas en los tribunales.
Pero Podemos señala este viernes en su nota que la reclamación judicial de 793.615 euros que el Gobierno de Aragón podría activar ya "supone una dejación de las responsabilidades de la consejera de Economía" y esconde una "motivación política", que no es otra que "proteger al PSOE a costa de las arcas públicas de todos los aragoneses".
Agregan desde el Grupo Parlamentario de Podemos que el ejecutivo de Lambán está intentando "tapar la nefasta gestión del gobierno socialista de Marcelino Iglesias y evitar un nuevo frente judicial que se sumaría a los ya abiertos en torno a Plaza".
La formación violeta añade que había una "importante negligencia bajo el Gobierno PSOE-PAR de Iglesias, que recibía sistemáticamente obras con un notable sobreprecio a costa de las cuentas públicas".
Para Podemos, el hecho de que los informes periciales detecten el pago indebido de 2,6 millones de euros es "motivo suficiente" para que el Gobierno de Aragón exija una investigación judicial para clarificar las responsabilidades civiles y penales que pudieran existir, si bien insisten en que "resulta sospechoso que Gastón ni tan siquiera ponga la información del sobreprecio en conocimiento de la Fiscalía".
