Piden regular por ley la participación de los ayuntamientos en los ingresos autonómicos

Se considera que el municipio ha demostrado ser la administración más sostenible desde el punto de vista financiero, por lo que se acredita como la entidad esencial para la reorganización administrativa y la redistribución de competencias.

Reunión de la Famcp, en una imagen de archivo
La FAMCP se ha reunido este lunes para hablar sobre la actualización del modelo de territorial en Aragón.
FAMCP

La Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) propondrá que se regule mediante una Ley la participación de los ayuntamientos aragoneses en los ingresos autonómicos con el fin de garantizar la suficiencia financiera de las entidades locales.


Se trata de una de las propuestas acordadas por la Comisión para elaborar la propuesta de modernización del modelo territorial aragonés que se ha constituido este lunes en la FAMCP, informan fuentes de la entidad en una nota de prensa.


La Comisión la componen la presidenta de la FAMCP y alcaldesa de Used, Carmen Sánchez; los tres vicepresidentes de la FAMCP, Ángel Gracia, alcalde de Rubielos de Mora, Ignacio Herrero, alcalde de Illueca, y Jesús Pérez, alcalde Cuarte; Miguel Dalmau, alcalde de Utebo; Juan Enrique Celma, alcalde de Beceite; y Evaristo Cabistañ, alcalde de Torrente de Cinca y presidente de la Comarca del Bajo Cinca.


Además de Juan Antonio Sánchez Quero, alcalde de Tobed y presidente de la Diputación de Zaragoza; Miguel Ángel Guíu, alcalde de Pastriz; Miguel Jaime, alcalde de Longares; y Martín Nicolás, secretario general de la FAMCP, que es el coordinador de la Comisión.


En este primer encuentro se han establecido las bases sobre las que se desarrollarán los debates de la Comisión. En líneas generales, se considera que el municipio es la administración más cercana a la ciudadanía, regida por corporaciones elegidas directamente, que ha demostrado ser la más sostenible desde el punto de vista financiero, por lo que se acredita como la entidad esencial para la reorganización administrativa y la redistribución de competencias.


En la Comisión se ha considerado que hay que regular la planta y las competencias de la administración local garantizando la suficiencia financiera de las entidades locales.


A excepción de las que corresponden al Estado, las competencias administrativas deben corresponder o a la administración autonómica o a los municipios, con lo que las diputaciones provinciales y las comarcas se configurarían como instrumentos al servicio de la intermunicipalidad.


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