Desde que la política ha hecho de los juzgados el ‘ring’ donde dirimir sus controversias, los salones de plenos de los consistorios han perdido protagonismo. Hasta tal punto, que las explicaciones ya no se exigen en los plenos, sino ante el juez de guardia y a través de la correspondiente querella. Pero esta moda tiene un precio, y aunque muchas veces las denuncias únicamente buscan ruido, son ya unos cuantos los alcaldes que han pasado del confortable sillón consistorial al siempre incómodo banquillo de los acusados. El último en hacerlo ha sido el exregidor de Letux, Luis Miguel Abós (PAR), al que la Audiencia de Zaragoza ha condenado esta misma semana a cuatro años y medio de cárcel por prevaricación. Una pena que no tiene precedentes en el ámbito de la política municipal aragonesa y que, sin duda, se ha convertido en un claro aviso para navegantes.

Pero la Justicia no solo ha pasado cuentas a Abós, ya que en los dos últimos años han sido hasta siete los alcaldes o exregidores sobre los que han recaído sentencias condenatorias. Por estar relacionadas con delitos cometidos en el desempeño del cargo, cabe destacar los casos de Jesús Pardillos (PAR), condenado a 9 años de inhabilitación por dictar cinco resoluciones injustas cuando estaba al frente del consistorio de Manchones; y el del socialista Antonio Asín, exalcalde de Mallén, inhabilitado también durante 7 años por el Tribunal Supremo por ordenar el pago de dos facturas que ascendían a 35.554 euros sin mediar el preceptivo expediente de contratación.

El castigo fue incluso mayor para el exregidor de Añón, Pedro Abadía (PP), quien a finales del pasado año aceptó dos años de cárcel por un delito de apropiación indebida. Sin embargo, a diferencia de los anteriores, este infringió el Código Penal actuando a título particular y en calidad de empresario, no como cargo público. Lo mismo sucedió con la que fuera máxima responsable del Ayuntamiento de Orihuela del Tremedal, Rosa María Sánchez (PP), quien tuvo que dejar sus cargos durante seis meses en cumplimiento de una condena de la Audiencia de Teruel por insolvencia punible (en relación a la gestión de una empresa de maderas de la que era socia y avalista).

Dos casos bastante mediáticos fueron también los del alcalde de Alcañiz, JuanCarlos Gracia (PP), y el del exmandatario de Aguilón, Andrés Herrando (PP). El primero fue cazado el pasado verano circulando a 211 km/h, lo que le costó una multa de 1.800 euros y la retirada del carné durante 16 meses.El segundo fue condenado a dos años de prisión el pasado febrero por dar un botellazo a un vecino que le denunció por fumar en un bar. Ha recurrido el fallo.Pinilla espera sentencia

Entre los siete ediles ya condenados en estos dos últimos años y los cuatro que están actualmente encausados e intentarán evitar la prisión, se encuentra la exalcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla, quien una vez celebrado su juicio está a la espera de conocer la sentencia de la Audiencia de Zaragoza. La Fiscalía le atribuye hasta 26 delitos y solicita para ella 35 años de cárcel. Tanto por las penas como por el eco mediático de la Operación Molinos, su caso destaca por encima de todos los demás.

En la lista de alcaldes inmersos en procedimientos judiciales figura el exprimer munícipe de Santaliestra, Javier Mur (CHA), para el que la Fiscalía ha pedido 5 años de cárcel por el presunto desvío de 240.000 euros que le concedió la Diputación de Huesca. Pero es en Teruel donde hay más causas abiertas. Por ejemplo, al alcalde de Cretas, Fernando Camps (PP), al que se investiga por supuestos delitos urbanísticos e hidrológicos. También se halla encartado el regidor de Escucha y diputado provincial Javier Carbó (CHA), al que se atribuyen delitos de prevaricación, malversación, falsedad y negociaciones prohibidas.

Si quiere evitar llegar a juicio, el primer edil de Calanda y diputado autonómico José Ramón Ibáñez (PSOE) deberá convencer al juez de que no cometió los delitos de prevaricación, falsedad documental y tráfico de influencias por los que está encartado.

Aunque no ha sido llamado a declarar, el exalcalde de Zaragoza Juan Alberto Belloch también figura en la lista de personas que el titular del Juzgado de Instrucción número 1 está investigando por el pago por parte del Consistorio de 153 despidos de trabajadores de Tuzsa. Las diligencias se hayan en su fase inicial y solo dos funcionarios han comparecido de momento ante el juez. Al existir un informe que dice que la decisión no causó daños al erario municipal, puede que el instructor archive. De lo contrario, del caso se hará cargo el TSJA.